video Al cumplirse 188 años de la ocupación ilegal de las Malvinas por el Reino Unido, el Gobierno y el pueblo argentino reafirman sus legítimos e irrenunciables derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron ilegalmente ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente, para reemplazarlas por súbditos británicos. La ocupación ilegítima de las Islas Malvinas fue protestada inmediatamente por las autoridades argentinas de aquel entonces y nunca fue consentida por gobierno argentino alguno. A lo largo de los 188 años de usurpación, la Argentina mantuvo en forma ininterrumpida el firme reclamo por el ejercicio de la soberanía sobre las islas.
El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, destacó que “La Causa Malvinas y la defensa de los enormes recursos naturales de los espacios marítimos circundantes han vuelto a ser política de Estado. El Congreso de la Nación aprobó por unanimidad las leyes impulsadas por el Presidente Alberto Fernández para establecer el Límite Exterior de la Plataforma Continental, el aumento de las multas a la pesca ilegal y la creación del Consejo Nacional Asesor de Asuntos Relativos a las islas Malvinas, integrado por las fuerzas políticas mayoritarias que ya está trabajando en propuestas de políticas a mediano y largo plazo”.
“Hoy más que nunca es necesario que el Reino Unido escuche el reclamo de la comunidad internacional, reinicie el diálogo para resolver de forma pacífica la disputa por la soberanía sobre las islas Malvinas y cumpla con la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, concluyó Filmus.
La recuperación del ejercicio efectivo de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, conforme el derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes, es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, tal como se encuentra plasmado en la Constitución Nacional.
Desde el inicio de su proceso de emancipación, la República Argentina, como legítima heredera de los territorios continentales, insulares y marítimos que habían pertenecido a España, ejerció su soberanía sobre estos archipiélagos y espacios marítimos a través de diversos actos de gobierno que incluyeron la designación de autoridades, la toma de posesión de las Islas Malvinas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el primer izamiento de la bandera argentina en ese suelo, acontecimiento histórico del que se cumplieron 200 años en 2020.
El llamado de la comunidad internacional respecto de la necesidad de retomar las negociaciones bilaterales entre Reino Unido y la Argentina que permitan encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las Islas fue plasmado hace 55 años, sin ningún voto en contra, en la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dicha declaración, que ha reconocido la existencia de una situación colonial especial y particular en la Cuestión Malvinas, fue reiterada por resoluciones subsiguientes de la misma Asamblea y por el consenso que anualmente suscriben los países integrantes del Comité Especial de Descolonización de la ONU.
Asimismo, la comunidad internacional ha insistido en este llamado al diálogo a través de numerosas declaraciones de foros multilaterales que, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Grupo de los 77 y China, la Cumbre Iberoamericana, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR), la Cumbre África-Sudamérica (ASA) y la Cumbre América del Sur-Países Árabes (ASPA), han solicitado la reanudación de las negociaciones a la brevedad posible.
La negativa del Reino Unido a cumplir con la obligación de retomar las negociaciones por la soberanía se encuentra agravada por las continuas acciones de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, así como una injustificada y desproporcionada presencia militar en las Islas.
