Cuestión Malvinas

La integridad del territorio argentino es parta fundamental de nuestra política exterior. Desde nuestra independencia, la delimitación de nuestras fronteras, de miles de kilómetros de extensión, y la afirmación del control del Estado argentino sobre todo su territorio, incluyendo los espacios marítimos y aéreos, fueron algunas de las tareas más relevantes de nuestra diplomacia.

La Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional de 1994 expresa: "La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino."

La Cuestión de las Islas Malvinas fue, es y será un tema central de todos los argentinos. Conforme a las diversas resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas, la Cuestión Malvinas es un caso de descolonización especial y particular, a diferencia de otros casos coloniales, y por lo tanto no puede ser resuelto mediante la aplicación del principio de libre determinación, ya que prevalece el principio de la integridad territorial y además su población no constituye un Pueblo, sino que fue implantada por el Reino Unido. Asimismo, debido a que subyace una disputa de soberanía entre las partes, la controversia debe ser solucionada por un medio de solución pacífica teniendo en cuenta los intereses de sus habitantes.

En este marco, la Argentina reclama la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido de conformidad con las resoluciones y declaraciones de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Al mismo tiempo, existe un compromiso de respetar el modo de vida de los isleños y de tomar en consideración sus intereses.

A fin de cumplimentar con nuestro mandato constitucional, el accionar diplomático se implementa tanto en el plano multilateral como bilateral, procurando crear las condiciones que permitan entablar negociaciones para resolver la disputa de soberanía.

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