Su agenda incluyó la reunión con el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña y luego una visita al Canciller Jorge Faurie, con el objeto de analizar los temas de interés mutuo.
El Alto Comisionado reconoció los altos estándares de derechos humanos desarrollados por la República Argentina para la protección y búsqueda de soluciones duraderas de personas refugiadas y solicitantes de asilo y su compromiso con el principio de responsabilidad compartida. Por su parte, el Canciller Faurie reafirmó el compromiso de la Argentina con la protección de los refugiados y solicitantes de tal condición, así como el respeto irrestricto al principio de no devolución de acuerdo con la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y la Ley General de Reconocimiento y Protección al refugiado vigente en el país.
El Canciller Faurie y el Alto Comisionado coincidieron en que el desplazamiento de personas refugiadas y migrantes desde Venezuela implica una situación inédita para la región, en particular para los países que deben acoger a un número significativo de ellas. Ambos resaltaron que, a pesar de que las circunstancias individuales y las razones de estos movimientos varían, en una proporción significativa se trata de personas que presentan necesidades de protección internacional.
En este sentido, el Alto Comisionado destacó particularmente las acciones implementadas por la República Argentina al otorgar residencias a alrededor de 130.000 venezolanos desde el año 2012, como una forma alternativa de protección, así como por la gestión de las solicitudes de la condición de refugiado presentadas durante los últimos años por personas de esta nacionalidad.
En el encuentro, el Alto Comisionado agradeció a la República Argentina su compromiso con el “Programa Siria”, basado en el modelo de patrocinio comunitario para el reasentamiento de refugiados. Asimismo, el Sr. Grandi destacó la reciente presentación del proyecto de Ley de Apatridia ante la Cámara de Diputados de la Nación que, en caso de obtener su aprobación legislativa, consolidaría el compromiso del país con la erradicación de la apatridia en la región, en línea con el Plan de Acción de Brasil.
El Canciller Faurie y el Alto Comisionado Grandi finalizaron la reunión reafirmando la importancia de continuar avanzando en el estrecho trabajo conjunto que el país y la oficina del ACNUR realizan a favor de las personas refugiadas.
La Argentina es Parte de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo Adicional de 1967, principales instrumentos internacionales en materia de protección internacional de los refugiados. Desde 1985, cuenta con un organismo encargado de la determinación de la condición de refugiado.
La protección internacional de refugiados en nuestro país se rige por la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado del 2006. Su sanción significó un avance normativo y cualitativo, ya que incorpora al marco normativo interno las buenas prácticas y los más altos estándares internacionales en materia de Derecho Internacional de Refugiados, establece el procedimiento de determinación de la condición de refugiado y crea la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE) y su Secretaría Ejecutiva.