La Antártida y la Cancillería

Fecha: 
Septiembre, 2017
A partir de la firma del Tratado Antártico, la actividad antártica argentina toma un claro cariz de política exterior

Durante más de un siglo, la Argentina ha sido un protagonista central en la Antártida, con la reivindicación territorial sobre el Sector Antártico Argentino en base a sólidos títulos históricos, geográficos, geológicos y legales. Desde 1904 ha mantenido la presencia permanente e ininterrumpida más antigua en el continente, luego del emplazamiento de la primera estación científica y meteorológica –estación “Orcadas”- en la isla Laurie, de las Islas Orcadas del Sur. Esta presencia se vio consolidada durante el siglo XX y hoy cuenta con seis bases permanentes y siete temporarias en el Sector Antártico Argentino, que fueron fruto de la claridad en la visión estratégica y de la osadía de muchos hombres de nuestras Fuerzas Armadas, que iniciaron la actividad antártica argentina.

Sin embargo, el escenario cambió a partir de la firma del Tratado Antártico en 1959, cuya negociación contó con un experimentado cuerpo de asesores diplomáticos y que permitió crear un sistema multilateral de administración del continente, resguardando las reivindicaciones de soberanía formuladas. A partir de entonces, la política antártica argentina toma otro formato: al objetivo de afianzar su soberanía en el continente, se suma el de ejercer influencia, como actor principal, en el Sistema del Tratado Antártico. Ello se lleva a cabo a través de la ciencia, la protección del medio ambiente antártico y la cooperación internacional, herramientas principales de la actividad antártica consagradas en el Tratado.

La Argentina fue uno de los doce firmantes originales del Tratado que hoy tiene 53 Estados Parte, lo cual ha llevado a un significativo incremento en la cooperación internacional y a un fuerte desarrollo de la ciencia, en un contexto de fortalecimiento de este importante instrumento internacional. Por su parte, el desarrollo de las actividades humanas en la Antártida, incluyendo la ciencia, la pesca y el turismo, entre otras, ha llevado a la creación de diversos instrumentos internacionales que conforman el Sistema del Tratado Antártico y que también han redundado en una creciente actividad de la Cancillería.

El giro definitivo hacia la consolidación del rol de la Cancillería en materia de política antártica se da en 2003, cuando la Dirección Nacional del Antártico (DNA) y el Instituto Antártico Argentino (dependiente de la DNA), pasan de la órbita del Ministerio de Defensa, a la de Relaciones Exteriores y Culto. Este traspaso se dio en un contexto en el cual, en pos de lograr constituirse en sede de la Secretaría del Tratado Antártico, la Argentina procuraba mostrar un programa antártico más moderno, semejante al de otros Programas Antárticos. También con el hecho de que los objetivos fundamentales de la actividad antártica argentina –el afianzamiento del reclamo soberano y el fortalecimiento de la influencia argentina en el Sistema del Tratado Antártico- pertenecen al ámbito de la política exterior.

Todo ello se traduce en una actividad de la política exterior un tanto sui generis. El diseño de los objetivos y acciones de la política exterior antártica, incluidas la cooperación internacional, las actividades que surgen del Tratado Antártico y la representación argentina en los foros del Tratado y la Convención sobre Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), así como, la relación con la Secretaría del Tratado Antártico resultan responsabilidad de la Dirección Nacional de Política Exterior Antártica (DNPEA).

Pero también la Cancillería, a través de la DNA y el IAA, es responsable de elaborar la política nacional antártica y diagramar los proyectos y el despliegue científico y técnico de la Argentina en la Antártida, entre otras acciones. Éstos se plasman en el Plan Anual Antártico, para cuyo apoyo logístico se mantiene estrecha coordinación con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. La DNA también tiene a su cargo la actual gestión de dos de las trece bases argentinas: Carlini, base permanente y principal usina científica del Programa Antártico Argentino, y Brown, base temporaria con frecuentes visitas por el turismo antártico.

Desde 2016, tanto la DNA/IAA como la DNPEA dependen de la Subsecretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

A través de su Cancillería, la Argentina cumple un rol central en el Sistema del Tratado Antártico: es sede de su Secretaría, preside y es activo participante en comités, grupos de trabajo y de negociación; e impulsa proyectos científicos de relevancia para su programa nacional y para el Sistema del Tratado Antártico.