El miércoles 13 de diciembre la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el primer instrumento internacional que se ocupa específicamente de este importante grupo. En las palabras del saliente Secretario General Kofi Annan, tal avance significará “el amancecer de una nueva era” para casi 650 millones de personas en todo el mundo que viven con discapacidad. Con la implementación de la Convención, la sociedad en su conjunto se beneficiará al permitir a esta importante comunidad hacer realidad su enorme potencial.
La Convención así adoptada es el resultado de un arduo y eficaz proceso de negociación a partir de una iniciativa de México impulsada por la Argentina y el Grupo Latinoamericano en las Naciones Unidas hace sólo cinco años. Se trata de un proceso inédito por su transparencia e inclusión, en el cual las organizaciones de la sociedad civil -incluyendo organizaciones de personas con discapacidad- pudieron en todo momento participar de las negociaciones y hacer oír su valiosa voz como referente para las decisiones alcanzadas.
Además, las comitivas se beneficiaron de la inclusión de expertos con experiencia personal en discapacidad: de sólo dos expertos nacionales al inicio del proceso en 2002, la última reunión incluyó un total de casi 50 Delegados con discapacidad. La delegación argentina que participó en las negociaciones en Nueva York incorporó asimismo a expertos de la sociedad civil como asesores en distintas especialidades, incluyendo expertos con discapacidad.
La Argentina está comprometida en todos niveles con una sociedad democrática, con justicia, inclusión social y pleno respeto de los derechos humanos para todos. En esta línea, trabajó con convicción para lograr una Convención amplia, con un fuerte eje de desarrollo para permitir el igual acceso a la justicia, el trabajo, la salud, la educación, entre otros aspectos.
En la última sesión del Comité Especial que redactó la Convención, en el mes de agosto de 2006, la Argentina lideró una coalición de países de la región que lograron impulsar una definición inclusiva de la discapacidad como resultado de la interacción entre impedimentos y las barreras del entorno, que la Convención apunta a eliminar a fin de permitir la plena participación de todos en condiciones de igualdad.
Con esta Convención se ha dado un paso para aceptar a la persona con discapacidad como una persona igual, capaz, completa y valiosa en sí misma, un paso indispensable para garantizarle el pleno goce de los derechos y libertades que le son inherentes.