Señor Presidente, Distinguidos miembros de la Mesa, Señores Jefes de Delegación, Miembros de la Secretaría, Señoras y Señores:
Una vez más vengo a este Comité Especial de Descolonización a reafirmar los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Vengo, asimismo, a conmemorar y a agradecer. A conmemorar los 50 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la primera resolución referida específicamente a la “Cuestión de las Islas Malvinas”. A agradecer, en nombre del pueblo y Gobierno argentino la labor incesante y decidida de este Comité Especial en pos de la Descolonización. Una noble tarea que contribuye a lograr el anhelo de un mundo verdaderamente libre e igualitario.
Vengo también a exhortar una vez más al Reino Unido a cumplir con las obligaciones que le impone el derecho internacional en su condición de única contraparte en la disputa de soberanía que existe entre la Argentina y ese país sobre los mencionados archipiélagos y espacios marítimos.
Esta controversia data de 1833 y está próxima a cumplir dos siglos de existencia. En aquel año el Reino Unido ocupó ilegalmente las Islas Malvinas expulsando a las legítimas autoridades y pobladores argentinos que allí residían, impidiendo su regreso e implantando a súbditos británicos. Lo hizo a ocho años de haber celebrado con la Argentina el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación del 2 de febrero de 1825, momento en el cual la posesión por parte de la República Argentina de los territorios hoy disputados, además de ser incuestionable desde el punto de vista del derecho internacional, era pública, pacífica e ininterrumpida desde el mismo inicio de la existencia del Estado argentino en su carácter de heredero de España que había administrado esos territorios desde el comienzo de su presencia en América.
Esa usurpación británica de una parte del suelo argentino jamás se tradujo en una ocupación pacífica de esos territorios. Desde el mismo momento en que esa usurpación tuvo lugar, la Argentina ha protestado en forma permanente e ininterrumpida exigiendo la restitución de esa parte de su territorio en todos los foros internacionales. Las protestas no fueron sólo argentinas. Los países hermanos de la región también se manifestaron en forma inequívoca a favor del respeto a los derechos argentinos inmediatamente después de la usurpación, acompañándonos así en el reclamo de restitución ante el Reino Unido.
La Resolución 2065 (XX) reconoció que la cuestión de las Islas Malvinas es un caso de colonialismo. Ese colonialismo británico de ayer persiste sin cambios en lo que hace a la Cuestión de las Islas Malvinas. Mantiene hoy su misma esencia aunque la parte británica pretenda disfrazar un acto de usurpación con el ropaje de la libre determinación de los pueblos. Es difícil imaginar un ejemplo más claro de un intento de desfigurar un principio político y jurídico de semejante trascendencia.
La pretensión británica de aplicar ese principio a la población que implantó en las Islas Malvinas se opone diametralmente a los fines que la comunidad internacional tuvo en miras al reconocer el derecho de libre determinación. Esa pretensión significaría que el derecho a la libre determinación de los pueblos, concebido como herramienta para poner fin al colonialismo, se aplicaría como un instrumento para perpetuarlo.
Es por esta razón, entre otras, que fueron rechazadas las dos enmiendas que el Reino Unido propuso en 1985 en la Asamblea General a la resolución sobre este tema, con la intención de evocar el principio de libre determinación en el contexto de la cuestión de las Islas Malvinas.
También es muy grave que la política británica de implantación de pobladores siga hoy tan vigente como hace dos siglos. Evidencia de ello es que el 90% de los 2840 habitantes de las islas tienen ciudadanía británica o de algún territorio de ultramar británico, aunque sólo el 47% de esas personas hayan nacido en ellas.
La Resolución 2065 (XX) no sólo reconoció la existencia de una cuestión colonial y una controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que, en adelante, se denominó “Cuestión de las Islas Malvinas”. Esa Resolución también instó a sus únicas dos partes, la Argentina y el Reino Unido, a encontrarle una solución pacífica, a la mayor brevedad, a través de negociaciones bilaterales, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 1514 (XV), así como los intereses de la población. Esta Resolución fue sucedida por más de cuarenta resoluciones adoptadas con posterioridad por la Asamblea General, tanto en plenario como a instancias del Comité de Descolonización.
Ser parte en una controversia de soberanía impone obligaciones, Sr. Presidente. El artículo 2 inciso 3 de la Carta de las Naciones Unidas establece que “los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia”. Este es uno de los principios que tanto la Argentina como el Reino Unido, en su condición de miembros originarios de esta Organización, consideraron esenciales para vertebrar el orden internacional que se procura construir desde 1945 y que tiene al Reino Unido como uno de sus actores principales, tal como lo refleja su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad.
Nos preguntamos entonces con qué autoridad el Reino Unido puede seguir exigiendo al resto de los Estados el cumplimiento de los principios de la Carta, cuando hay aspectos de su conducta, como la que observa en la Cuestión de las Islas Malvinas, que resultan en una clara negación de esos mismos principios.
Esta situación resulta más que sorprendente si se advierte que el Reino Unido y la Argentina ya han aplicado –inclusive conjuntamente- la Resolución 2065 (XX), reconociendo así la existencia de la controversia de soberanía y la obligación de negociar que consecuentemente pesa sobre las dos Partes en ella.
En efecto, en cumplimiento de esa Resolución 2065 (XX) durante algunos años se mantuvieron negociaciones entre las dos Partes en la disputa, sobre la evolución de las cuales ambas informaron al Secretario General. El Reino Unido ha reconocido su obligación de negociar y nada de lo ocurrido desde el inicio de dichas negociaciones ha modificado en modo alguno las características de la controversia de soberanía en que se origina esa obligación.
Desde la Resolución 2065 (XX) hace medio siglo, hasta esta resolución que estamos considerando hoy en este Comité, es una constante el llamamiento a las partes en la controversia a negociar su solución. Las características de la controversia siguen siendo las mismas, pese a que la conducta británica actual pretende desconocer las obligaciones que le impone su condición de parte en esa controversia.
El Reino Unido no sólo incumple hoy la obligación de negociar cuya existencia ya ha reconocido. La conducta que adopta en la actualidad es exactamente la contraria de aquella que le exigen el derecho internacional y la comunidad internacional. Lejos de hacer el menor intento de resolver la controversia no hace más que agravarla irresponsablemente.
En efecto, son múltiples los actos mediante los cuales la parte británica agrava la controversia. El permanente incremento de su presencia militar en el Atlántico Sur; sus nuevos intentos de explorar y explotar recursos naturales no renovables; la explotación de recursos pesqueros más allá de los límites de la sustentabilidad, y una campaña permanentemente orientada a distorsionar la percepción de la población que trasplantó a las Islas Malvinas sobre su situación jurídica y política, son sólo algunas de las actitudes mediante las cuales el Reino Unido agrava la situación planteada por la controversia de soberanía.
Sr. Presidente:
Carece de todo propósito y de proporcionalidad que el Reino Unido cuente con la mayor instalación militar existente al sur del paralelo 50 Sur y que su despliegue naval incluya el patrullaje de submarinos atómicos con capacidad de portar armas nucleares.
Dicha presencia militar introduce un factor desestabilizador que ha concitado el rechazo unánime de todos los países de la región, incluidos aquéllos en ambas costas del Atlántico Sur, que han decidido que se trata de una zona de paz y cooperación, libre de armas nucleares. Aunque el Reino Unido procure justificar en una alegada “amenaza argentina” sus recientes anuncios sobre incrementos del presupuesto destinado a su presencia militar ilegal en espacios argentinos, la Argentina continuará apostando a la misma diplomacia y multilateralismo. Desde la recuperación de la democracia, en estos últimos 32 años, la República Argentina carece de hipótesis de conflicto y sus efectivos no se han involucrado en operaciones de combate. Lamentablemente no podemos decir lo mismo del Reino Unido que en estos 32 años no ha dejado de ser parte en múltiples conflictos bélicos.
¿Se encuentran las amenazas que pesan hoy sobre el Reino Unido a 14.000km de Londres y 300 de las costas patagónicas?. Los reales desafíos para la paz y seguridad internacionales no pasan por el Atlántico Sudoccidental. Las verdaderas amenazas son la proliferación de armas de destrucción masiva, los fundamentalismos, el creciente deterioro del medio ambiente, entre otros.
Sr. Presidente, es inconcebible que la parte británica siga distorsionando el modo en que los habitantes de las Islas Malvinas perciben su propia situación jurídica y política. Lo hace tanto cuando pretende sostener que la Argentina constituye una amenaza para la población de las Islas, como cuando trata de convencer a esa población de que tendría un derecho a la libre determinación que no existe, o cuando no la instruye acerca de las consecuencias de habitar un territorio que es objeto de una controversia de soberanía.
La Argentina ha dado las garantías más claras que un sistema jurídico nacional puede concebir para asegurar el pleno respeto a los intereses y al modo de vida de los habitantes de las Islas Malvinas. La disposición transitoria primera de la Constitución Nacional argentina otorga esas garantías en forma incondicionada.
Esa norma, además, es acompañada por un amplísimo consenso social en la Argentina en cuanto a la necesidad y la obligación de respetar los intereses y el modo de vida de la población local. Valga como ejemplo la posibilidad que acaba de tener un ciudadano argentino nacido en las Islas Malvinas, Alejandro Betts, quien ejerció su derecho a elegir gobernador de su provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, lo cual nunca podría hacer si hubiera permanecido en las islas controladas férreamente por la metrópolis y cuya máxima autoridad es designada por la Corona. Asimismo, Alejandro Betts, es candidato a ocupar una banca por su provincia natal -Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur- en el Parlamento del MERCOSUR.
La única hostilidad contra la población de las Islas Malvinas es la que emana de la política británica orientada a llevarla a desconocer su situación política y jurídica, al punto de tratar de convencerla de que tiene alguna suerte de derecho a exigir la violación de las normas internacionales más básicas: aquellas que obligan a resolver las controversias internacionales de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Eso es exactamente lo que hace el Reino Unido cuando sostiene que se niega a reanudar las negociaciones sobre la controversia de soberanía porque la población local de las Islas no lo desea. Esa conducta, inaceptable en cualquier Estado -pero mucho más aún en uno con pretensión protagónica en el escenario internacional- consiste en pretender que puede violarse el derecho internacional si así lo desea la población implantada en un territorio de soberanía controvertida.
Sr. Presidente:
Aún en la época en que negociaba posibles soluciones a la controversia de soberanía, el Reino Unido era proclive a la realización de actos unilaterales contrarios a cualquier solución de la controversia. El 1 de diciembre de 1976 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconocía expresamente, en el párrafo operativo segundo de la Resolución 31/49, los esfuerzos realizados por la República Argentina “para facilitar el proceso de descolonización y promover el bienestar de la población de las Islas”.
Después de reconocer esa actitud argentina, la Asamblea General pidió a las dos partes en la controversia de soberanía que –además de acelerar las negociaciones a fin de resolverla- se abstuvieran de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras esa controversia no se hubiera resuelto.
Hoy la situación ha empeorado considerablemente. Los actos unilaterales del Reino Unido no han hecho más que incrementarse, colocando a la Argentina en la necesidad de adoptar todas y cada una de las medidas que permiten las normas argentinas y el derecho internacional para detener la irresponsable campaña que el Reino Unido desarrolla con vistas a explotar los recursos de los territorios y espacios marítimos que son objeto de la controversia.
Sr. Presidente, esa obligación de no innovar a través de actos unilaterales no sólo se refleja en la Resolución 31/49. El sentido común, las normas aplicables y la jurisprudencia de los tribunales internacionales indican claramente que es contraria a derecho la pretensión de disponer de recursos naturales ubicados en espacios de soberanía contestada o controvertida.
Consecuentemente, con pleno respeto del derecho internacional vigente y en ejercicio de sus derechos soberanos, la República Argentina ha adoptado diversas medidas en el ámbito de su jurisdicción interna e iniciado procesos administrativos y penales contra tales actividades.
Estas acciones legales cuentan con el respaldo de la abrumadora mayoría de la comunidad internacional que ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto. No sólo nuestros socios que padecen de modo más directo los efectos negativos de este saqueo a la región lo han hecho en el marco del MERCOSUR, ALADI y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), sino que los 132 países del Grupo de los 77 y China reconocieron el derecho que nos asiste a emprender tales acciones.
En efecto, en su más reciente Declaración Ministerial, los Cancilleres del G77 y China “manifestaron que las operaciones de exploración de los recursos naturales, especialmente los recursos de hidrocarburos, realizadas por empresas no autorizadas por el Gobierno de la Argentina en la zona de las Islas Malvinas eran gravemente perjudiciales para los derechos de soberanía de la República Argentina sobre su plataforma continental” y “reconocieron el derecho de la República Argentina a emprender acciones judiciales, con pleno respeto del derecho internacional y las resoluciones pertinentes, contra las actividades de exploración y explotación no autorizadas de hidrocarburos en la zona mencionada”.
Sr. Presidente:
Como he mencionado al principio, este año se cumple el 50º aniversario de la adopción de la Resolución 2065 (XX). No debería transcurrir un solo año más con esta controversia sin resolver.
En consecuencia, la República Argentina invita al Reino Unido a no continuar negando una realidad vigente que se impone: existe una disputa de soberanía y ambos Gobiernos estamos llamados a reanudar el diálogo que pudimos mantener en el pasado para encontrarle solución.
Los pronunciamientos de la comunidad internacional exigiendo ese cambio de conducta son permanentes y más que elocuentes. La semana pasada fue la Organización de los Estados Americanos que trató este mismo tema e instó a la parte británica a reanudar el cumplimiento de las obligaciones que le impone el derecho y le reclama la comunidad internacional.
La Argentina continuará apostando al derecho internacional, la diplomacia y el multilateralismo e invita al Reino Unido a comprometerse en la misma senda y reintegrarse a la familia de las naciones que mucho esperan de su parte para poder poner fin al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones.
Muchas gracias.
VERSIÓN EN INGLÉS:
STATEMENT BY THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AND WORSHIP OF THE ARGENTINE REPUBLIC
Before the United Nations Special Committee on Decolonisation
New York, 25 June 2015
Mr. Chairman, Distinguished Members of the Bureau, Heads of Delegation, Members of the Secretariat, ladies and gentlemen,
Once more, I have come to this Special Committee on Decolonisation in order to reaffirm Argentina’s sovereign rights over the Malvinas, South Georgias and South Sandwich Islands and the surrounding maritime areas.
Likewise I come to commemorate and express our gratitude. To commemorate the fact that it is now 50 years since the United Nations General Assembly adopted the first resolution specifically referred to the “Question of the Malvinas Islands.” To express our gratitude, on behalf of the people and Government of Argentina, for the unceasing, determined work of this Special Committee for the cause of Decolonisation. A noble task that seeks to realise the vision for a truly free and egalitarian world.
I come also to urge the United Kingdom to comply with the obligations imposed on it by international law as the only counterpart in the sovereignty dispute that exists between Argentina and that country over the said archipelagos and maritime areas.
This dispute dates back to 1833 and is about to be two centuries of existence. In that year the United Kingdom occupied the Malvinas Islands illegally evicting the Argentine legitimate authorities and people residing there, preventing their return and implanting British subjects. It did this eight years after having signed with Argentina the Treaty of Friendship, Commerce and Navigation of 2 February 1825, at a time when ownership by the Argentine Republic of today’s disputed territories, besides being unquestionable from the point of view of international law, was public, peaceful and uninterrupted from the very beginning of the existence of the Argentine State in its capacity of successor of Spain that had administered these territories since the beginning of its presence in America.
That British usurpation of a part of Argentine soil never translated into a peaceful occupation of those territories. From the moment when that usurpation took place, Argentina has protested permanently and continuously demanding the restitution of that part of its territory at all international forums. The protests were not only from Argentina. Our brother countries in the region also expressed unequivocally in favour of respecting Argentina’s rights immediately after the usurpation, thus accompanying us in claiming the restitution before the United Kingdom.
Resolution 2065 (XX) acknowledged that the question of the Malvinas Islands is a case of colonialism. Yesterday’s British colonialism remains unchanged as regards the Question of the Malvinas Islands. Its essence remains today although the British side seeks to disguise an act of usurpation in the garb of self-determination of peoples. It is hard to imagine a clearer picture of an attempt to misrepresent a political and legal principle of such significance.
The British attempt to apply this principle to the population that it implanted in the Malvinas Islands is diametrically opposed to the goals that the international community established with a view to recognizing the right to self-determination. That attempt would mean that the right to self-determination of peoples, conceived as a tool to put an end to colonialism, would apply as a tool to perpetuate it.
It is for this reason, among others, that two amendments proposed by the United Kingdom in the resolution on this subject were rejected by the General Assembly in 1985, as these sought to evoke the principle of self-determination in the context of the question of the Malvinas Islands.
It is also very serious that British policy of settlers’ implantation is today as much in force as two centuries ago. Evidence of this is that 90% of the 2840 inhabitants of the islands are British citizens or of a British overseas territory, although only 47% of these inhabitants were born in them.
Resolution 2065 (XX) not only recognized the existence of a colonial question and a sovereignty dispute over the Malvinas Islands, South Georgias and South Sandwich Islands and the surrounding maritime areas that was henceforth referred to as the “Question of the Malvinas Islands”. That resolution also urged its only two parties, Argentina and the United Kingdom, to find a peaceful solution as soon as possible, through bilateral negotiations, duly taking into account the provisions and objectives of the Charter of the United Nations and Resolution 1514 (XV) and the interests of the population. This resolution was followed by over forty resolutions adopted subsequently by the General Assembly, in plenary and at the request of the Committee on Decolonization.
Being a party to a sovereignty dispute imposes obligations, Mr. Chairman. Article 2 paragraph 3 of the Charter of the United Nations established that "All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered". This is one of the principles that both Argentina and the United Kingdom, in their capacity as founding members of this Organization, deemed essential to structure the international order sought to be built since 1945 and that has the United Kingdom as one of its main actors, as reflected by its capacity of permanent member of the Security Council.
We therefore wonder under what authority the United Kingdom can continue to demand the rest of the States to comply with the principles of the Charter, when there are aspects of its behaviour, such as that observed in the Question of the Malvinas Islands that result in a clear denial of those same principles.
This situation is more than surprising when one notices that the United Kingdom and Argentina have already implemented –even jointly- Resolution 2065 (XX), thus recognizing the existence of the sovereignty dispute and the obligation to negotiate which consequently is pending on the two parties to it.
Indeed, pursuant to Resolution 2065 (XX) negotiations were held over some years between the two parties to the dispute, during which both informed the Secretary General. The United Kingdom has acknowledged its obligation to negotiate and nothing that happened ever since the beginning of these negotiations has changed in any way the characteristics of the sovereignty dispute from which that obligation arises.
Since Resolution 2065 (XX) adopted half a century ago up to this resolution that we are considering today in this Committee, there has been a constant appeal to the parties to the dispute to negotiate its solution. The characteristics of the dispute remain the same, although the current British behaviour seeks to ignore the obligations imposed on it as a party to this dispute.
Not only does the United Kingdom violate the obligation to negotiate and whose existence it has already acknowledged. The behaviour adopted today is exactly the opposite of that required by international law and the international community. Far from making the slightest attempt to resolve the dispute, it does nothing but aggravate it irresponsibly.
In fact, there are several acts through which the British side aggravates the dispute. The permanent increase of its military presence in the South Atlantic; its new attempts to explore and exploit non-renewable natural resources; the exploitation of fishing resources beyond the limits of sustainability, and a campaign permanently oriented to distorting the perception of the population transplanted to the Malvinas Islands on their legal and political situation, are but a few of the attitudes by which the United Kingdom aggravates the situation created by the sovereignty dispute.
Mr. Chairman,
It is out of any purpose and proportionality that the United Kingdom has the largest existing military installation to the south of the parallel 50 South and that its naval deployment includes patrolling by atomic submarines capable of carrying nuclear weapons.
This military presence introduces a destabilizing factor that has received the unanimous rejection of all countries in the region, including those on both coasts of the South Atlantic that have decided that it is a zone of peace and cooperation, free of nuclear weapons. Although the United Kingdom seeks to justify an alleged “Argentine threat " in its recent announcements on increases in the budget for its illegal military presence in Argentine areas, Argentina will continue to rely on the same diplomacy and multilateralism.
Are the threats to the United Kingdom at 14,000 kilometers away from London and 300 kilometers from the shores of Patagonia? The real challenges for international peace and security will not be found in the South West Atlantic. The real threats are the proliferation of weapons of mass destruction fundamentalisms and growing environmental deterioration, among others.
Mr. Chairman, it is inconceivable that the British continue distorting the way the inhabitants of the Malvinas Islands perceive their own legal and political situation. It does so when it seeks to argue that Argentina is a threat to the population of the islands, as when it attempts to convince that population that it could have a right to self-determination that does not exist, or when it does not educates them about the consequences of inhabiting a territory that is the subject of a sovereignty dispute.
Argentina has given the clearest guarantees that a national legal system may conceive to ensure full respect for the interests and way of life of the inhabitants of the Malvinas Islands. The first transitory provision of the Argentine National Constitution gives such assurances unconditionally.
That law is also accompanied by the widest social consensus in Argentina as to the need and the obligation to respect the interests and way of life of the local population. An example of this is the possibility recently enjoyed by an Argentine citizen born in the Malvinas Islands, Alejandro Betts, who exercised his right to elect the governor of the Province of Tierra del Fuego, Antarctica and South Atlantic Islands, something he could have never have done if he had remained in the islands tightly controlled by the metropolis and whose highest authority is appointed by the Crown. Also, Alejandro Betts is a candidate to occupy a seat for his home Province -Tierra del Fuego, Antarctica and South Atlantic Islands- in the MERCOSUR Parliament.
The only hostility against the population of the Malvinas Islands is that emanating from the British policy aimed at bringing it to ignore its political and legal situation to such an extent to try to convince them that they have some sort of a right to demand the violation of the most basic international standards: those obliging to settle international disputes in accordance with the principles of the Charter of the United Nations.
That is exactly what the United Kingdom does when it argues that refuses to resume negotiations on the sovereignty dispute because the local population of the islands does not wish to. Such behaviour -unacceptable in any State but even more so in one seeking leadership in the international arena- attempts to justify that international law can be violated if that is the desire of the population implanted in a territory of disputed sovereignty.
Mr. Chairman,
Even in the days during which it negotiated possible solutions to the sovereignty dispute, the United Kingdom was prone to carrying out unilateral acts contrary to any solution of the dispute. On 1st December 1976 the United Nations General Assembly expressly recognized, in the second operative paragraph of Resolution 31/49, the efforts made by Argentina “to facilitate the process of decolonization and to promote the well-being of the population of the islands".
After recognizing that attitude by Argentina, the General Assembly called upon the two parties to the sovereignty dispute, in addition to accelerate negotiations to solve it, to refrain from taking decisions that would imply introducing unilateral modifications in the situation while this dispute has not been resolved.
The situation today has worsened considerably. British unilateral acts have done nothing but increase, putting Argentina on the need to adopt any and all measures allowed by Argentine law and international law to stop the irresponsible campaign that the United Kingdom is developing with a view to exploiting the resources of the territories and maritime areas under dispute.
Mr. Chairman, this obligation not to innovate through unilateral acts is not only reflected in Resolution 31/49. Common sense, applicable rules and jurisprudence of international tribunals clearly indicate that it is unlawful to seek to dispose of natural resources located in areas of contested or controversial sovereignty.
Consequently, in full respect of international law and in exercise of its sovereign rights, Argentina has taken various measures in the field of its domestic law and initiated administrative and criminal proceedings against such activities.
These legal actions have the support of the overwhelming majority of the international community that has had the opportunity to express in this regard. It is not only our partners, who are directly suffering the negative effects of this pillaging of the region, that have made their voices heard in the framework of the MERCOSUR, ALADI and the Latin American Energy Organisation (OLADE), but also the 132 countries in the Group of 77 and China, which have recognised our right to undertake such actions.
Indeed, in their most recent Ministerial Declaration, the Ministers of Foreign Affairs of the G77 and China “expressed that the operations carried out by companies not authorized by the Argentine Government in the Malvinas Islands area relating to the exploration of natural resources, especially hydrocarbon resources, were seriously detrimental to the sovereignty rights of the Argentine Republic over its continental shelf" and "recognized the right of the Argentine Republic to take legal action, with full respect for international law and relevant resolutions, against unauthorized hydrocarbon exploration and exploitation activities in the referred area".
Mr. Chairman,
As I mentioned at the outset, this year marks the fiftieth anniversary of the adoption of resolution 2065 (XX). Not one more year should elapse having this dispute unresolved.
Consequently, the Argentine Republic invites the United Kingdom not to continue to deny an existing reality that is obvious: there is a sovereignty dispute and both Governments are called to resume the dialogue that we could maintain in the past to find a solution.
The pronouncements of the international community demanding this change of behaviour are permanent and more than eloquent. Last week it was the Organization of American States that addressed this same issue and urged the British side to resume compliance with the obligations imposed on it by law and that the international community demand.
Argentina will continue relying on international law, diplomacy and multilateralism and invites the United Kingdom to commit to the same path and rejoin the family of nations that so much expect of it to put an end to colonialism in all its forms and manifestations.
Thank you very much.