El canciller Jorge Taiana designó al Embajador y Secretario de Cooperación Internacional de la Cancillería argentina, Rodolfo Ojea Quintana para que presida mañana en Nueva York la mesa redonda internacional sobre Desaparición Forzada de personas.
Este evento, que tendrá lugar en la sede de las Naciones Unidas, ya había sido anunciado por Taiana en Ginebra el pasado 3 de marzo, durante la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos del organismo multilateral, oportunidad en la cual el Jefe de la diplomacia argentina recordó que “la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner suscribió en febrero de 2007 la Convención, y en diciembre pasado la Argentina se constituyó en el primer país de América y el segundo en el mundo en ratificarla” y reiteró la satisfacción argentina “por la aprobación por aclamación -tanto en el Consejo como en la Asamblea General- de la Convención”.
Por su parte el embajador argentino en EEUU, Héctor Timerman, se reunió ayer en Washington con el presidente del Subcomité sobre Organismos Internacionales de la Cámara de Representantes de ese país, William Delahunt, a quien le presentó una copia de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzosa de Personas.
El congresista estadounidense, quien conocía la actuación de los organismos de derechos humanos argentinos durante la dictadura militar, expresó su admiración por esa tarea en los años del terrorismo de Estado en nuestro país. Delahunt se comprometió a presentar la Convención ante sus colegas de Comisión.
Taiana -en marzo pasado- también había señalado que “la Argentina considera que su historia le asigna una responsabilidad particular para promover y proteger los derechos humanos hacia adentro y hacia fuera de las fronteras nacionales” y explicó que desde el año 2003, Memoria, Verdad, Justicia y Reparación son los pilares que la sociedad argentina y los tres poderes del Estado consideramos insoslayables en la lucha contra la impunidad, así como la base fundamental para seguir construyendo el futuro”.
La mesa redonda, organizada por la Misión Permanente de la Argentina ante la ONU, será presidida por Ojea Quintana, e incluirá a Kenneth Roth, Director Ejecutivo de Human Rights Watch; Estela de Carlotto, Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Santiago Corcuera, Presidente del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias del Consejo de Derechos Humanos; y a Yasmin Sooka, Presidenta de la Foundation for Human Rights of South Africa y ex miembro de la Comisión Sudafricana de Verdad y Reconciliación.
El panel será moderado por el Dr. Juan Méndez, ex Representante Especial para la prevención del genocidio y Presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional, y será seguido por un espacio de diálogo entre los panelistas y los participantes.
El evento, que cuenta con el copatrocinio de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en el marco del 60º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se inscribe en la campaña internacional de la Argentina para la ratificación y entrada en vigencia de esta nueva Convención. Su objetivo es ofrecer a representantes de los Estados Miembros, del sistema de Naciones Unidas, de la sociedad civil y la prensa, una oportunidad para tomar conciencia, desde una diversidad de perspectivas, sobre el valor agregado que representa esta Convención al derecho internacional, en particular de los derechos humanos y al derecho penal internacional, y sobre cómo superar potenciales dificultades para su ratificación.
La Convención es el primer instrumento internacional universal que reconoce a la desaparición forzada como un crimen en todas las situaciones, reconociendo los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. La desaparición forzada viola el concepto mismo de los derechos humanos: significa la negación de la persona a existir, a tener una identidad. La espera interminable que deben padecer sus seres queridos, sin saber dónde se encuentra o qué le está pasando al desaparecido, equivale a una forma de tortura continuada.
• EL PAPEL DE LA ARGENTINA
La Convención fue firmada en París el 6 de febrero de 2007 por la entonces senadora Cristina Fernández, en nombre del gobierno argentino, luego de que su texto fuera adoptado por unanimidad por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2006 y previamente por el Consejo de Derechos Humanos, en junio de ese mismo año. A partir de 2003 la Argentina lideró con Francia un impulso definitivo a la negociación del texto, trabajando arduamente para lograr consenso sobre el contenido.
• LA CONVENCIÓN
Una de sus disposiciones más trascendentes es aquella que consagra la jurisdicción universal para garantizar la obligación de todo Estado Parte de investigar, detener y eventualmente juzgar a toda persona que se encuentre en su territorio, de la que se supone que ha cometido este delito, o de ser el caso a extraditarla, sin que se pueda considerar la desaparición como delito político para rechazar los pedidos de extradición. Este instrumento llenó un vacío existente en el derecho internacional tanto en términos de prevención de las violaciones de derechos humanos y de los derechos de las víctimas, así como en cuanto a la obligación de los Estados de investigar y sancionar a los responsables.