Hoy, durante dos horas, la delegación argentina rebatió ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya los argumentos presentados por Uruguay a favor de la instalación de las pasteras, en el marco de la demanda que nuestro país presentó ante ese tribunal por el conflicto con el país vecino, debido a la instalación de dos plantas productoras de celulosa en la margen izquierda del río que ambos países comparten.
Los letrados de Argentina reafirmaron hoy ante la Corte que Uruguay no ha realizado un estudio de impacto ambiental adecuado ni consultado a su país vecino antes de aprobar las dos fábricas de papel que les enfrentan, y que su construcción debe –entonces- ser suspendida mediante una medida cautelar.
La Directora de la Consejería Legal de la Cancillería, Susuna Ruiz Cerutti, que encabeza la delegación, concluyó el turno de réplica pidiendo a los jueces la suspensión cautelar de las obras, al considerar que ya se ha demostrado que Uruguay no respetó la obligación de mantener consultas bilaterales establecidas en el Tratado de 1975, pese a que se había comprometido a ello.
En las dos horas de audiencia en el Palacio de la Paz, Ruiz Cerutti reiteró "la reticente actitud de Uruguay para brindar información sobre las plantas cada vez que así se solicitó". En ese marco, enumeró que "aún no explicaron por qué se eligió el Río Uruguay para instalar ambas pasteras y tampoco informaron sobre el grado de contaminación que tendría ese caudal de agua". Ante la corte en pleno, Ruiz Cerutti volvió a plantear el concepto de "daño irreparable", ya que el perjuicio que traerá el funcionamiento de las pasteras "recae sobre el medio ambiente y su población".
La funcionaria afirmó, ya en declaraciones posteriores, que "se han refutado todos los puntos” expuestos ayer por la delegación uruguaya y que ahora “esperamos ver con qué nos encontraremos esta tarde", a partir de las 16.30 de Holanda, cuando Uruguay responda la réplica argentina. Luego, la Corte Internacional ya estará en condiciones de tomar una decisión dentro de un plazo de tres meses.
"Hoy, la Argentina reiteró lo que vino sosteniendo durante estos dos días de audiencias, es decir la continua violación uruguaya al tratado del Río Uruguay que ambas naciones firmaron en 1975 para proteger ese recurso compartido y su zona de influencia", aseveró Ruiz Cerutti.
"Si en alguna responsabilidad ha incurrido Argentina es en la de haber confiando con los ojos cerrados en los compromisos de un país con el que le unen lazos históricos y de amistad", dijo la jefa de la delegación, y se declaró "optimista" sobre las posibilidades de éxito de la demanda argentina. "Era optimista antes y lo soy ahora. Creo que los argumentos han sido muy bien desarrollados por todos nuestros abogados y que la Corte tiene una posición clara de cuál es la interpretación argentina de nuestro deferendo", explicó.
Ruiz Cerutti destacó que "la medida cautelar es necesaria precisamente porque Uruguay ya incumplió lo previamente pactado" y recordó que "en el tratato se contempla la competencia de la corte cuando no prosperen las negociaciones bilaterales". Además, la funcionaria destacó que esta instancia judicial “apunta a resolver un conflicto y no a profundizar una disputa entre dos países hermanos".
Antes, durante la audiencia, el el jurista británico Philippe Sands –profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Londres y uno de los abogados que trabaja junto al equipo argentino- recordó que "esta violación ocurrió en tres oportunidades: cuando Uruguay autorizó la construcción de la planta ENCE; cuando autorizó la creación de la pastera BOTNIA y más recientemente cuando permitió la construcción de un puerto sobre el Río Uruguay".
En todas estas ocasiones “Uruguay pasó por alto el mecanismo de consulta previa que establece el tratado del Río Uruguay” explicó Sand, y agregó que "las evaluaciones de impacto medioambiental se hicieron tan rápido y de forma tan inadecuada, que ha habido que rectificarlas varias veces y aún están por concluir".
Sand aseguró que las emisiones de dioxinas permitidas por Uruguay “para Ence superan doce veces el límite impuesto en Canadá". "¿Dónde está el cumplimiento de los máximos estándares internacionales?", se preguntó el jurista ante los jueces.
Otro de los abogados, Marcelo Cohen –argentino radicado en Inglaterra y profesor en la Universidad de Ginebra- atacó durante la réplica la afirmación uruguaya de que, en marzo de 2004, los entonces ministros de Exteriores de Argentina y Uruguay, Rafael Bielsa y Didier Opertti, llegaron a un acuerdo que permitía a Montevideo autorizar la construcción del proyecto. Según Cohen, el ex canciller argentino se limitó a manifestar su "buena voluntad" de arreglar la disputa sobre la base del Estatuto, mientras Uruguay se comprometió a suministrar la información pertinente a la comisión conjunta de administración del río Uruguay.
"De manera extravagante, Uruguay sostiene que esto fue un acuerdo para la autorización de las fábricas", dijo el letrado argentino. "Uruguay no ha presentado ningún texto del supuesto acuerdo, La realidad es que Argentina no consintió en ningún momento la construcción de las fábricas", añadió.
Por su parte, el jurista francés Alain Pellet -que asesora también a nuestro país en este caso- reiteró ante la Corte que las condiciones para que los jueces suspendan cautelarmente las obras son concurrentes, porque ese Tribunal reconocido como competente por las dos partes y hay riesgo de que las plantas causen "perjuicio serio" a la Argentina de manera "inminente" o al menos "inminente en tiempos jurídicos".
Al término de la réplica de nuestro país. la fiscal de Estado de Entre Ríos, Claudia Mizawak, ratificó hoy su "confianza" en las pruebas presentadas por Argentina ante la Corte Penal Internacional de La Haya y señaló que las formuladas por Uruguay fueron "incompletas".
La presidenta de la ONG “Centro de los Derechos Humanos y Ambientales”, Romina Picolotti, declaró que “Uruguay ha presentado los hechos de manera tal que pretendía inducir a un error a la Corte con respecto a la conducta del Estado argentino y con respecto a que la construcción no causa ningún daño".-