COPETE: El Gobierno argentino acompañará la presentación de México ante la Corte de Arizona para declarar inconstitucional y evitar la entrada en vigor de la nueva ley en materia inmigratoria que afectará seriamente los derechos humanos y civiles de los inmigrantes latinos. Mediante este respaldo, nuestro país refuerza su política de firme protección de los derechos de los migrantes, más aún en estos tiempos de crisis.
La Argentina ha apoyado al Gobierno de México en su reclamo para que se declare inconstitucional la ley en materia inmigratoria del Estado de Arizona, por entender que podría afectar gravemente los Derechos Humanos y Civiles de miles de migrantes en territorio estadounidense
México ha reaccionado fuertemente por la firma –el pasado 23 de abril– de la Senate Bill 1070 conocida como “Ley Arizona” y ha decidido presentarse en calidad de Amicus Curiae ante una demanda llevada adelante por una coalición de organizaciones defensoras de los Derechos Civiles que busca que la Corte declare inconstitucional la ley y con ello evite su entrada en vigor. A esa presentación se ha adherido –a solicitud del gobierno mexicano– la Argentina.
La figura de Amigo del Tribunal consiste en la intervención en un litigio por tener un interés cierto en el caso pero de modo que no se es parte.
Mediante esta presentación, la Argentina afirma su interés sustancial en garantizar el respeto irrestricto y la protección plena de los Derechos Humanos de los migrantes, independientemente de su condición migratoria. Interés que adquiere una importancia crucial en estos tiempos de crisis.
Además de la Argentina, hasta la fecha han respaldado a México ocho países de la región: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú, y se aguardan más adhesiones en el futuro.
Cabe recordar que el 6 de julio pasado la Ley fue confrontada por una presentación judicial del propio gobierno federal de los Estados Unidos –enfrentado en este tema con el Estado de Arizona– a fin de que se declare inconstitucional e impedir su entrada en vigor.
Los potenciales perjuicios de la Ley ya han sido tratados a nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) y durante la reunión del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR el pasado 4 de mayo. En dicha ocasión se rechazó expresamente su contenido que tipifica como delito tanto la condición migratoria irregular, como el transportar y dar empleo a inmigrantes indocumentados, así como se hizo referencia a la preocupación entre los ciudadanos latinoamericanos por sus evidentes consecuencias racistas que atentan contra el respeto de los Derechos Humanos.
La Argentina –junto con Ecuador– fue uno de los primeros países en respaldar la presentación para evitar la entrada en vigor de esta ley que, además del componente discriminatorio y el efecto económico, podría dar lugar al desarrollo de un prototipo criminal asociado a un estereotipo racial.
Información para la prensa Nº 266/10
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