Concluyó esta tarde en el Palacio San Martín la “Segunda Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras”, con el objetivo de llamar la atención global e impulsar acciones ante los graves ataques contra estudiantes, profesores, escuelas y universidades y el uso militar de las instalaciones educativas en zonas de conflictos armados.
El evento de apertura, que tuvo sede en el Ministerio de Defensa, contó con la participación del Vicecanciller, Pedro Villagra Delgado; el Viceministro de Defensa, Dr. Ángel Tello; y la Vicecanciller noruega, Laila Bokhari, ya que ambos países, Argentina y Noruega, lideran esta iniciativa.
Esta reunión fue en seguimiento de la Primera Conferencia realizada en Oslo en mayo de 2015, donde se adoptaron la Declaración sobre Escuelas Seguras y las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante conflictos armados, compromisos globales para proteger a la educación.
Villagra Delgado, presidente de la Conferencia, afirmó que "estas Directrices surgieron por iniciativa de la sociedad civil, teniendo como eje central el Derecho Internacional Humanitario existente y la mirada puesta en la problemática de los ataques frecuentes y deliberados contra la educación. Fue en este contexto que la Argentina y Noruega comenzaron a liderar las negociaciones en Ginebra, buscando alcanzar el compromiso político de los estados de utilizar estas Directrices e incorporarlas a la práctica militar”, explicó Villagra Delgado.
El Vicecanciller argentino puntualizó: “Nuestro país es sede de este evento con el objetivo de sensibilizar a la comunidad internacional; evaluar el progreso alcanzado desde la adopción de la Declaración, compartir ejemplos de buenas prácticas a nivel nacional, y poner la mirada en el trabajo futuro que debemos asumir para lograr la efectiva implementación de los compromisos contenidos en ella”.
Los gobiernos que la suscriben se comprometen a mejorar el reporte sobre ataques a la educación; investigar y procesar posibles crímenes de guerra que involucran a escuelas y restaurar, rápidamente, el acceso a la educación cuando las escuelas sufren ataques. Cabe destacar que desde la Conferencia de Oslo ya son 25 los Estados que han firmado la Declaración, y llegan de esta manera a 62 los Estados comprometidos con proteger las escuelas y otros establecimientos educativos de ataques.
Desde el 2015, las fuerzas armadas y los grupos armados han utilizado escuelas y universidades con propósitos militares, por ejemplo, como bases, cuarteles, posiciones de disparo, depósitos de armas y centros de detención en al menos 26 países afectados por conflictos armados alrededor del mundo. Por convertir a las escuelas en objetivos militares, esta práctica puede poner en riesgo la seguridad de los estudiantes y los profesores y restringir el acceso a la educación.
La Conferencia fue coordinada por la Cancillería argentina y el Ministerio de Defensa como parte del compromiso del Gobierno argentino con la defensa integral de los DDHH y el fortalecimiento del Derecho Internacional Humanitario. Asistieron más de 250, con la participación de delegaciones de más de 60 Estados, Organismos Internacionales, ONGs, especialistas en Derecho Internacional Humanitario, Directores de Institutos militares e invitados especiales de la sociedad civil.
El Viceministro Tello señaló: “Es necesario que liberemos todo el potencial que tiene la educación para actuar como fuerza de paz y desarrollo sostenible. Desde el Ministerio de Defensa se reforzarán todas las medidas para que, mediante la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se difundan, promuevan y formen a nuestros hombres y mujeres de las fuerzas armadas con esta clara conciencia y prohibición de utilización de Escuelas y Universidades para fines militares”.
Los estados suscriptores se comprometen, también, con las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades Durante Conflictos Armados, una herramienta práctica no vinculante que ofrece una guía para ayudar a las partes de un conflicto a limitar sus acciones con respecto al uso miliar de escuelas y universidades, salvaguardando el carácter civil de estas instalaciones.
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