El Canciller argentino Héctor Timerman informó este mediodía en una conferencia de prensa en el Palacio San Martín sobre las acciones a seguir “respecto del control medioambiental sobre el río Uruguay y la posible violación al Tratado del Río Uruguay cometido, o que se estaría por cometer, por parte de dos empresas en la provincia de Corrientes, en el proyecto de la represa conocida como Ayuí Grande”.
“En la mañana de hoy me comuniqué con el Canciller uruguayo, Luis Almagro, para darle la información que yo tenía sobre el potencial efecto medioambiental que puede causar la construcción de esa represa en la provincia de Corrientes. Al mismo tiempo, nuestro representante ante la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) envió una carta hoy también, poniendo a disposición la información que tenemos y comprometiéndonos a cooperar para mantenernos dentro de lo que nosotros consideramos necesario, que es el respeto a los tratados internacionales que firma la Argentina”, informó Timerman.
“Desde el año 2008 –cuando conocimos la posibilidad de que en la provincia de Corrientes se instalaría una represa que alteraría el curso de uno de los afluentes del Río Uruguay, el Ayuí Grande que desemboca en el Río Miriñay, que a su vez es afluente del Río Uruguay-, la Argentina carece de información. El 3 de septiembre de 2008 la Secretaría de Medioambiente solicitó información sobre el proyecto y nunca tuvimos respuesta. El 24 de septiembre, la delegación argentina ante la CARU solicitó información y tampoco obtuvimos respuesta”.
“Recientemente –prosiguió-, hace unos meses, enviamos una carta al gobernador de Corrientes, pidiéndole que no autorice la construcción de la represa en tanto y en cuanto la Secretaría de Medioambiente no pueda estudiar el impacto que esto tiene sobre el medioambiente en el Río Uruguay y en la provincia de Corrientes”, relató el Canciller, y agregó: “Ayer me comuniqué por escrito personalmente con el Gobernador Ricardo Colombi, y firmé una carta que ya recibió, donde le pido que no avance en la construcción”.
El Canciller argentino dijo que, “a diferencia de una empresa industrial, el impacto de este proyecto está dado si se construye: ya la mera construcción es un impacto. Lo que no tenemos es la información, que no nos ha provisto la provincia de Corrientes ni las empresas que están en este tema: me refiero a las firmas Pilagá, Tupantuva y Copra, que pertenece al señor José Aranda -vicepresidente y accionista del Grupo Clarín- y Adecoagro, que pertenece al financista George Soros”.
Timerman explicó que “la zona afectada por la construcción de la represa sería de ocho mil hectáreas, que van a ser inundadas si la obra se construye. Esto implica la mitad de la Capital Federal, para tener una idea de la magnitud del emprendimiento del que estamos hablando. Ocho mil hectáreas que van a ser anegadas con el único fin de proveer agua a dos emprendimientos privados que se dedican a la producción de arroz”.
“La creación de un lago artificial de 8 mil hectáreas serviría para proveer de agua a sus emprendimientos arroceros que cubren más de 77 mil hectáreas”, dijo el Canciller argentino a la vez que agregó: “Por ahora, al no tener información, actuamos de oficio porque consideramos el impacto que puede tener una obra de estas características”
“Estamos evaluando presentaciones judiciales para evitar que se ponga en marcha este emprendimiento. Las actuaciones serían contra todas las autoridades que puedan autorizar la obra, pero confiamos en que nos van a dar esa información y que, cuando la analicemos, si como creemos, revela que el proyecto es dañino para el medioambiente y violatorio de un tratado internacional, vamos a actuar”, dijo el jefe de la diplomacia argentina en el Palacio San Martín.
El Ministro aclaró sin embargo que “confiamos que se va a imponer un tiempo de espera hasta que nosotros recibamos la información y proceder así a evaluar los riesgos. Esto lo hacemos para la protección del medioambiente de la gente de Corrientes y de Entre Ríos, de la gente de toda la cuenca del Río Uruguay” añadió el Canciller. “Este emprendimiento está al norte, sobre la frontera entre Argentina y Brasil, pero el Río Ayuí desemboca, prácticamente, en la frontera entre Argentina y Uruguay. Por lo tanto, toda la destrucción del ecosistema que produciría la construcción de esta represa afectaría, prácticamente, a todas las provincias mesopotámicas” explicó.
Timerman sostuvo que “el Gobierno de Uruguay está preocupado por esta situación, pero tiene plena confianza en que la Argentina va a actuar con todo el rigor que requiere el Tratado del Río Uruguay, porque es la Argentina la que ha ido y ha denunciado esto: no hemos esperado ninguna denuncia del Uruguay, sino que somos nosotros los que le estamos dando toda la información. Y reiteró que habló hoy mismo con el Canciller Almagro y que, en los próximos días, seguramente viajará a Montevideo “para dialogar del tema con su par uruguayo”.
“¿Por qué hacemos hoy pública esta denuncia? Porque estamos a pocas semanas del comienzo de esta obra que va a poner en riesgo el medioambiente en la provincia de Corrientes, en toda la Mesopotamia argentina y, al mismo tiempo colocaría a la Argentina en una actitud violatoria del Tratado del Río Uruguay”, afirmó Timerman, y enfatizó que “la Argentina va a hacer todo lo posible y todo lo necesario para evitar que se destruya el medioambiente en el Río Uruguay. No va a haber ningún conflicto con el Uruguay porque la Argentina va a actuar conforme a derecho y va a cooperar con el Uruguay, y el Uruguay sabe que Argentina va a cooperar”.
“Nosostros hemos hecho un esfuerzo muy importante para defender que no se viole el Tratado. Consideramos que la defensa que hicimos del medioambiente tiene que ser un ejemplo, no solamente de lo que le exigimos al Uruguay sino también de lo que estamos dispuestos a realizar nosotros. Así que la Argentina no va a convalidar la violación de un tratado internacional. Y vamos a hacer, a través de la justicia, todas las acciones legales necesarias para evitar que se avance en la construcción de una represa que puede ser violatoria en dos aspectos: el medioambiental y el derecho internacional”, concluyó Timerman.-
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