Queridas Madres de Plaza de Mayo, amigos, señoras y señores.
Es para mí especialmente grato poder compartir con ustedes, en esta casa de tanto valor simbólico y humano, algunas reflexiones respecto de temas que quizá estén revestidos de un cierto lenguaje técnico pero que tocan directamente al bienestar y la dignidad del hombre. Por esta razón, no es mi intención adentrarme en cuestiones propias de especialistas en finanzas o estadísticas sino que pretendo trazar un panorama donde lo que prima es una visión política de un gobierno que pone, desde 2003, la economía al servicio de la gente.
Con este telón de fondo quisiera hacer referencia a lo que hace el G20 para enfrentar la crisis económica global desatada en 2008 y cuáles son los ejes y preocupaciones que la Argentina lleva a ese foro.
Cuando explotó la crisis de 2008, el temor al “sálvense quien pueda” enfrentó a los países centrales con la necesidad de abrir el juego de la agenda económica internacional a países en vía de desarrollo. La estructura del G20 permitía llevar dicha discusión a un foro pre-existente. Así, en la expiración de su mandato, Bush invitó a Washington a los líderes de los países del Grupo.
Fue un honor para mí que la Presidenta me designara como su Sherpa en las cumbres del G20. El rol de los Sherpas es llevar la voz de los Jefes de Estado a las negociaciones del Grupo, ello en constante coordinación con los Ministros de Economía y los Presidentes de los Bancos Centrales. Como Sherpa, además de Washington, participé de las cumbres presidenciales de Londres y Pittsburgh; mientras que como canciller estuve en Toronto en junio y preveo acompañar a la Presidenta a la cumbre de Corea del Sur en noviembre.
Voy a comenzar tocando la cuestión de la necesidad de adecuar los organismos internacionales, especialmente de aquellos financieros, que se apoyan aún en una representatividad diseñada para el post-guerra. Es un progreso notable que dicha necesidad ya es asumida por todos y que así fue entendido cuando los propios miembros del G7 entendieron que la crisis global requería abandonar una fórmula reducida para llevar el debate a un foro con mayor alcance geográfico y representativo de la economía mundial.
Un caso emblemático de la inequidad representativa es el FMI. A fin de disminuir el déficit democrático de esta institución, debe conseguirse el objetivo de incrementar la voz y representación del conjunto de los países en desarrollo. Un ejemplo citado con frecuencia es el hecho de que actualmente en el FMI Bélgica tenga una cuota mayor que la India – 2,08% de poder de voto contra 1,88%. No obstante, esta reforma no debe incrementar la participación de los países de bajos ingresos a costa de diluir la participación de los países de ingresos medios como Argentina, como pretenden los países de ingresos altos.
Volviendo al G20, no cabe duda que la mayor representatividad de este grupo con relación a otros grupos de membresía reducida como G7, G8 o G14, significa un avance importante para democratizar la gestión de la agenda económica internacional.
Entrando ahora a la labor que emprendimos en el G20, la primera gran definición que el Grupo adoptó, ya en 2008, fue que asumiría la coordinación para la recuperación global, pronunciándose en favor de un crecimiento sustentable y equilibrado a largo plazo. Asimismo, y en esto quiero detenerme, es importante subrayar que el proceso que se abrió en Washington en 2008 presentó para la Argentina la posibilidad de introducir temáticas que no eran adecuadamente priorizadas por los países centrales y que por lo tanto no se encontraban en la agenda económica global.
Eso es central y, en este sentido, se destaca la orientación que la Argentina ayudó a dar en materia de desarrollo y crecimiento sustentable, que requiere el tratamiento indefectible de temas como el empleo, la disminución y eliminación del proteccionismo, la reforma de las instituciones financieras y del sistema financiero internacional, el combate a la pobreza, la seguridad alimentaria, el cambio climático y el impulso a las energías renovables.
Si bien la crisis no ha sido completamente superada, creemos que hasta el momento la coordinación propiciada por el G20 ha permitido alcanzar algunos resultados positivos concretos:
1. Se ha evitado la depresión económica gracias a los paquetes de estímulo fiscal y financieros.
2. Se han reforzado los mecanismos del sistema financiero internacional mediante la ampliación de los recursos del FMI y la emisión de Derechos Especiales de Giro, entre otras medidas.
3. Se ha aprobado el proyecto de Carta de Actividad Económica Sustentable y el Marco para un alto crecimiento sustentable y equilibrado.
El panorama, sin embargo, no deja de ser serio en el plano global. Como consecuencia de la crisis económica y financiera, el Banco Mundial estima que unos 50 millones de personas adicionales pasaron a vivir en extrema pobreza en el año 2009 y la cifra ascendería a los 64 millones hacia fines de 2010, potenciando el deterioro de los sistemas educativo, sanitario y de los niveles de empleo, con lo cual aumenta la marginación y la desigualdad.
Permítanme ahora destacar algunos puntos, comenzando por la relación desde una perspectiva global entre economía, empleo y derechos humanos en un planeta que a partir de su creciente integración ya no tolera semejantes brechas de desarrollo entre países. Lamentablemente, se observan situaciones difíciles en diversas partes del planeta donde los trabajadores enfrentan como pueden condiciones de precariedad laboral; vemos también que en algunos lugares se maltrata a los inmigrantes quienes, además de estar más expuestos a la explotación, son mirados con distancia, desconfianza y recelo.
Ya hemos visto en el pasado cómo situaciones de crisis terminaron generando un clima propicio para el enfrentamiento y el conflicto. De allí que el G20 no puede ser indiferente frente a la falta de progreso, el deterioro y menos aún la violación de derechos humanos.
En la tercera Cumbre del G20, en Pittsburgh, se señala explícitamente que deben tratarse los temas del desarrollo y se subraya, en particular, que tanto la reducción de la pobreza y la brecha del desarrollo como el cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio para 2015 son esenciales para lograr un crecimiento global equilibrado del planeta.
De manera similar, en la Cumbre de Toronto de junio último, se pone de manifiesto la preocupación por el impacto social de la crisis señalándose asimismo que la recuperación es frágil y heterogénea, y que el desempleo permanece en niveles inaceptables.
De los resultados alcanzados hasta ahora en las cuatro cumbres realizadas, cabe destacar el aumento de recursos del Banco Mundial y de los bancos multilaterales de desarrollo, cuyo capital se ha incrementado en 350 mil millones de dólares. También se ha ampliado el poder de voto de los países en desarrollo en el Banco Mundial en un 4,59% desde 2008. Se ha lanzado el Programa de Agricultura Global y de Seguridad Alimentaria según lo dispuesto en Pittsburgh con el objeto de brindar financiamiento a los países de bajos ingresos para mejorar la productividad agrícola, incrementar los ingresos rurales y promover el desarrollo de sistemas agrícolas sustentables.
En fin, la conclusión a la que han llegado muchas naciones respecto a que el bienestar de su población depende no sólo de generación de riqueza sino también de la equidad en la distribución, está echando raíces en su interpretación a nivel planetario. Aún desde una perspectiva egoísta, resulta cada vez más evidente que la riqueza de algunos países es insostenible si en otros el hambre sigue siendo una constante.
Es decir, se necesita desarrollo en África, Latinoamérica y Asia para recomponer la demanda mundial. Asimismo, se reduciría de esta forma la presión inmigratoria sobre los países ricos que recurren a mecanismos, muchas veces abominables, para cerrar sus puertas a aquellos que tuvieron la desgracia de nacer en países que no ofrecen oportunidades laborales comparables, desnudando un doble estándar al momento de consagrar derechos humanos aplicables efectivamente solamente para los portadores de ciudadanía.
Esto significa que debe haber una gran reestructuración, sobre todo para los sectores que se han beneficiado del status quo del sistema de relaciones económicas internacionales.
Posición argentina
Voy a tocar ahora algunos de los principios que la Argentina sostiene en el G20: Nosotros defendemos como política de gobierno una visión según la cual no sólo importa el crecimiento sino que éste debe ser orientado hacia la distribución equitativa de sus beneficios, promoviendo una amplia inclusión social. Esta visión, que tratamos de llevar al Grupo, se repite en otros países de la región y es por ello que estamos trabajando para establecer un mecanismo de consulta con nuestros vecinos previo a cada cumbre para llevar su voz al G20; la semana pasada estuve en La Paz con el Canciller Choquehuanca quien se mostró entusiasmado con la propuesta y la posibilidad de acceder a un foro en el cual las necesidades de Bolivia tienen pocos chances de ser tratadas sino son llevadas por alguno de los países miembros. Antes hice lo propio en Paraguay y voy a llevar el mismo mensaje a otros países latinoamericanos.
En línea con lo expresado en mi introducción, consideramos que no habrá verdadero crecimiento sustentable si no se reduce la brecha de desarrollo entre países avanzados y el resto.
Por todas esas razones, y porque entendemos que se hace necesario sostener la paz y la armonía sociales, la Argentina ha resaltado sistemáticamente la importancia del financiamiento de proyectos de infraestructura económica y social, incluyendo el acceso a la educación, los servicios de salud, la protección del empleo y la seguridad social.
Del mismo modo, la Argentina considera fundamental seguir aumentando el capital de los Bancos Multilaterales de Desarrollo para fortalecer las respuestas contra-cíclicas y las estrategias de desarrollo. Para ello entendemos que debe continuar la reforma del Banco Mundial, de forma tal que lleguemos a la paridad en el poder de voto entre países avanzados y en desarrollo.
Nuestra infeliz experiencia en la década pasada nos llevó a advertir fuertemente contra las propuestas de ajuste fiscal (ahora denominado “consolidación fiscal”) de algunos países desarrollados que dan la impresión de constituir un retroceso, particularmente teniendo en cuenta que la recuperación mundial todavía sigue dependiendo de impulsos fiscales y monetarios.
Particularmente, señalamos como contraproducente la idea de tratar de salir de los problemas de deuda excesiva con una combinación de mayor deuda y ajustes fiscales (caso de algunos países europeos, como Grecia). La solución radica en establecer como un objetivo prioritario el crecimiento sostenido y equilibrado. También cuestionamos la idea de “salir a calmar a los mercados” a cualquier precio y se logró evitar la fijación de metas fiscales específicas por país por resultar una decisión soberana de cada uno de ellos.
Como ya he mencionado, el empleo está en el centro de las preocupaciones expresadas por la Argentina, por lo que hemos sido el principal promotor de la participación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el G20. La Argentina también apoya la iniciativa de la OIT en orden a alcanzar un Pacto Mundial para el Empleo y crear un Fondo Mundial para el Empleo. Hemos propiciado a su vez la organización de reuniones de empresarios y representantes de los trabajadores en los márgenes de las reuniones del Grupo, con el propósito de considerar las medidas pertinentes para prevenir los efectos de la crisis global sobre el empleo y los ingresos de las familias, en particular aquellas de bajos ingresos.
Sobre este punto también quiero mencionar que a partir del crecimiento del desempleo en los Estados Unidos y la llegada al gobierno de Obama, que postula la inversión pública como motor de la economía y promueve la necesidad de políticas activas a favor de la protección de las fuentes de trabajo, encontramos un aliado estratégico en la introducción de temáticas laborales en el G20. En Washington me tocó participar en reuniones entre las delegaciones de las carteras de trabajo de ambos países así como coordinar posiciones comunes con el Sherpa designado por Obama en ocasión de las reuniones del G20.
Por otra parte, de modo similar a lo que se está haciendo en nuestro país, es necesario reforzar adecuadamente el financiamiento internacional a fin de, por ejemplo, extender a los trabajadores del sector informal y sus familias los beneficios de la seguridad social, implementar programas de garantía del empleo, ampliar la cobertura de la previsión social y capacitar a los trabajadores desocupados para su reinserción laboral.
También en materia de financiación, la Argentina ha manifestado su preocupación por los efectos asimétricos que la crisis ha causado en los países en desarrollo, especialmente los países pobres. Después de la asignación general de Derechos Especiales de Giro acordada en la Cumbre de Londres, no sólo nos preguntamos si no se podría hacer más para garantizar un uso eficiente de los recursos del FMI, sino que hemos propuesto continuar con la emisión de dicho instrumento sobre bases regulares, concentrando su asignación en los países en desarrollo y de menores recursos. De esta forma, se contribuirá a ampliar la liquidez por mayores reservas y posibilitar la liberación de recursos para proyectos de inversión productiva, de infraestructura y de contenido social. Muchos de los países avanzados, en particular los que emiten moneda reserva, no usarán sus asignaciones de Derechos Especiales de Giro, por lo cual esos recursos podrían ser movilizados para destinarlos al desarrollo. Otras de las cuestiones que hemos planteado es la venta de los stocks excedentes de oro con la misma finalidad y la puesta en marcha de nuevas líneas de financiación en condiciones concesionarias para ayudar a los países de bajos ingresos.
Quisiera tocar ahora algunos puntos vinculados a la producción agrícola, ya que tiene singular relevancia para nuestro país por su magnitud económica, por las posiciones que sostiene la Argentina en el frente externo y por la urgencia en atender las necesidades básicas de amplias franjas de población rural en los países más pobres de la Tierra.
Desde hace mucho tiempo venimos reclamando por el desmantelamiento de aquellas políticas llevadas adelante por los países desarrollados que restringen el acceso a sus mercados domésticos así como por los cuantiosos recursos que vuelcan en forma de subsidios para su agricultura, fomentándola artificialmente año tras año. Estas prácticas, agravadas por la especulación financiera, se tradujeron en cierre de mercados y en un incremento de los precios de los alimentos, perjudicando así sobre todo a los países en desarrollo, pues son quienes sufren los mayores niveles de pobreza, hambre e inestabilidad social.
La Argentina entiende que para superar esta situación agraviante no solamente debe impulsarse la producción y mejorarse la distribución de alimentos, sino también fortalecer el acceso a precios sustentables.
Para ello, es necesario abrir los mercados de los países de mayor peso comercial y así estimular la producción en los países en desarrollo, sobre todo los más necesitados. Como Embajador en los Estados Unidos repetí incansablemente el caso de nuestros limones, en cuanto ejemplifica acabadamente el debate porque, al complementar las estadísticas, asigna a la cuestión lugares y rostros humanos. La altísima competitividad de nuestros limones choca hoy en los Estados Unidos con una barrera para-arancelaria de tipo sanitaria, que les veda el acceso a ese mercado gigante. Nuestras eventuales exportaciones son insignificantes para el volumen que allí se negocia, pero es vital para miles de familias tucumanas que hoy pelean por salir de la pobreza extrema.
La Argentina entiende que debe fortalecerse la cooperación técnica y financiera para aumentar la productividad agrícola en los países en desarrollo, en particular a través de la cooperación Sur-Sur. Esta tarea puede ser llevada delante de varias maneras, por ejemplo, mediante nuevos fondos internacionales administrados por organizaciones multilaterales como la FAO, el Banco Mundial, el BID, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
En una estrategia que apunte a dar seguridad alimentaria a la población, creemos que es clave intensificar de manera sostenible la producción agropecuaria y elaborar reglas más justas para el comercio internacional de estos bienes. Estos asuntos merecen un lugar destacado en la agenda internacional.
La agricultura tiene un papel fundamental para revitalizar la economía rural y contribuir a mitigar el efecto de la crisis financiera mundial sobre la población más pobre y vulnerable, que vive en zonas rurales. La combinación de todos estos elementos, estamos convencidos, reducirá el hambre en todo el mundo.
No es de sorprender, por lo tanto, que uno de los pilares de la acción del G20 sea la seguridad alimentaria. Y en esa materia también la Argentina ha jugado un papel destacado, impulsando la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO, y ejerciendo su Presidencia durante el proceso de reforma durante la crisis de los precios internacionales de los alimentos en los años 2008 y 2009.
Tocaré ahora la que es tal vez la cuestión de alcance global por excelencia, el medio ambiente. Un debate permanente en el seno del Grupo, especialmente vinculado al tema energético y que se manifiesta también en las discusiones sobre el agro. Argentina apoya un enfoque sectorial para que la reforma en las políticas de subsidios, de impuestos y la modificación de precios relativos apunte en primer lugar a los sectores con la mayor emisión de gases de efecto invernadero, destacando que para estos fines, debe ocupar la transferencia de tecnologías limpias de los países desarrollados a los países en desarrollo y el adecuado financiamiento de las Instituciones Multilaterales de Desarrollo.
La Argentina ha urgido la eliminación de los subsidios agrícolas de los países desarrollados porque resultan en un excesivo uso de la tierra y su consecuente aumento de los gases de efecto invernadero. Debe tenerse en cuenta que Argentina es el país del G20 con menores emisiones de carbono.
Pasando a otro punto, reconocemos los progresos realizados en materia de regulación financiera, notablemente en la Cumbre de Toronto, aunque consideramos que resulta necesaria una mayor acción internacionalmente concertada entre países avanzados a fin de evitar mayor arbitraje y volatilidad.
La Argentina considera que hay que impulsar acciones en las tres áreas siguientes: reestructuración de deudas soberanas, fuga de capitales y agencias calificadoras de riesgo.
La necesidad de crear un mecanismo multilateral para facilitar la reestructuración de deudas soberanas es inobjetable. Se requiere un conjunto de normas y procedimientos internacionales que fuercen a los acreedores recalcitrantes a aceptar los términos de una reestructuración de deuda bajo determinadas condiciones. La ausencia de un mecanismo de esta naturaleza es una gran laguna en el sistema financiero internacional. Esta necesidad acaba de ser reconocida recientemente aún por diarios como el Financial Times.
La regulación de la fuga de capitales es otra área clave que necesita ser considerada. Los controles de capital pueden cumplir un rol importante. En este sentido, la definición del “lavado de dinero” podría ampliarse para incluir la fuga de capitales o podría fortalecerse la Iniciativa del Banco Mundial y la ONU para la Recuperación de Activos Robados.
Asimismo, Argentina – junto con países como Francia y Alemania- ha mantenido una fuerte posición a favor de incrementar la regulación de las actividades de las agencias calificadoras de riesgo, cuya actitud ante las crisis suscitadas en el pasado reciente ha sido francamente irresponsable, favoreciendo la profundización de las crisis de deuda soberana y carente de parámetros transparentes y objetivos
Pero no bastan las buenas intenciones que nos animan para lograr la sustentabilidad económica y financiera en el largo plazo: tenemos que enfrentar decididamente la codicia y la irresponsabilidad de algunos que ignoran y se desinteresan por la suerte de sus semejantes.
En este punto, y como capítulo conclusivo permítanme detenerme en el tema de los fondos buitres, con quienes, al menos con un par de ellos, tengo una relación de permanente enfrentamiento y mutuo disgusto.
Paso a contarles:
Apenas asumido como Embajador en Washington, experimenté en primera persona que en varias de las actividades que incluían en su temática a la Argentina, especialmente si éstas se desarrollaban en el Congreso, solían pedir la palabra personas mezcladas en el público que se presentaban como “maestros” estadounidenses “estafados” por la Argentina, que se negaba a pagar los bonos por ellos adquiridos previo al default de diciembre de 2001 y que, “para colmo” tenía gobernantes que insistían en desacatar sentencias de un juez federal de Nueva York que ordenaba el pago.
Constaté también la presencia de artículos, solicitadas u otras formas de expresión que también postulaban esta idea. No tardaron en llegar a mi despacho las cartas de legisladores estadounidenses instando al pago a los mencionados maestros, estafados por un país que ahora crecía a tasas chinas y contaba con superávits gemelos.
Pero los protagonistas de la historia no eran los maestros, sino los fondos buitres, que compraron por centavos bonos argentinos defaulteados, para obtener luego sentencias favorables en Nueva York y avanzaron sobre el congreso de los Estados Unidos, donde desde 2007 intentan sacar un proyecto de ley que sanciona a la Argentina hasta que se les pague, quieren hacer de nosotros una especie de Cuba financiera, propiciando un embargo que destrozaría las relaciones bilaterales. La estrategia se sostiene únicamente con una intensa propaganda y la contratación de influencia: Por caminar los pasillos del Congreso hablando mal de la Argentina un conocido lobbysta cobra medio millón de dólares por año.
Desde la Embajada nos propusimos llevar a los miembros del Congreso la información que los lobbystas escondían:
- en primer lugar que ellos representaban a los fondos buitres y que los maestros eran sólo una fachada;
- que el default y la crisis que explotó en 2001 no sólo perjudicó a los tenedores de bonos, sino que principalmente arruinó a millones de argentinos;
- que la Argentina ofreció en 2005 el canje que podía pagar y que así lo venía haciendo con 3 de cada 4 bonistas, ya que la mayoría había aceptado el canje;
- y que, pese a que a los lobbystas de los fondos buitres les encanta mencionar el “daño a los contribuyentes estadounidenses”, dichos fondos tienen domicilios en paraísos fiscales.
El propio Obama ironizó en un discurso apenas asumió sobre lo gigantesco que habría de ser un edificio en las Islas Caimán, donde habían establecido su domicilio doce mil empresas que operaban en los Estados Unidos.
Uno de los dos principales acreedores de la Argentina, Kenneth Dart, reconocido especulador que multiplicó sus ganancias con bonos brasileños y rusos, entre otros, llegó al punto de requerir la nacionalidad de las Islas Caimán. El otro, Paul Singer, lidera Elliot Associates, cerebro y bolsillo de ATFA, una ONG que sirve como pantalla para cabildear el congreso, juzgados y la administración.
Los abogados de Dart y Singer recorren el mundo trabando embargos contra bienes argentinos, siguiendo los lineamientos que el propio Singer orgullosamente explicó a un auditorio de inversores al señalar que el mejor negocio reside en comprar deuda en dificultades, en sus palabras: “Nuestro objetivo principal es encontrar situaciones de quiebra en las que nuestra capacidad de controlar o influir en el proceso es el motor del valor”.
En fin, detalles que muchos de ustedes conocen pero que no fue fácil transmitir en Washington. Logramos que un conflicto que se presentaba como Argentina vs Maestros, sea ahora percibido en su real dimensión: Argentina vs Fondos Buitres. Después de todo, la mutual de maestros, que quiero contarles se acogió al canje de este año llevado adelante por el Ministro Boudou, tenía bonos por 58 millones mientras que la pretensión de los fondos buitres supera los dos mil quinientos millones de dólares.
Ustedes saben también que con el reciente canje la adhesión total alcanza a más del 92 % de los tenedores de bonos defaulteados en 2001 y que, es importante destacarlo, la Argentina lo ha hecho sin respaldo financiero externo, único caso en el mundo.
Los fondos buitres siguen oponiéndose al canje porque consideran que la cifra ofrecida es muy baja, la más baja en la historia de canjes ofrecidos luego de quiebres soberanos, pero ya nadie pone en duda la buena fe argentina y que la sustentabilidad de la oferta reside precisamente en que el crecimiento y la distribución doméstica son prioritarios para evitar las crisis futuras.
La Argentina ha logrado en estos últimos años recomponer su situación financiera y llegado a un acuerdo con sus acreedores sin recurrir a ulterior endeudamiento, todo ello mientras continuaba creciendo como nunca lo había hecho en su historia, disminuyendo drásticamente sus tasas de desempleo y pobreza.
Vale aclarar que el desprecio hacia los fondos buitres es compartido por varios diputados estadounidenses que impulsan, hasta ahora sin éxito, una ley denominada “Stop a los Fondos Buitres” y cada vez son más frecuentes los análisis que describen la realidad del caso argentino, habiendo sido Mark Weisbrot uno de los primeros en hacerlo en lengua inglesa, con un artículo que escribió en el Guardian de Londres hace más de un año y que nosotros llevamos a cientos de oficinas del Congreso de los Estados Unidos.
No obstante ello, nuestra experiencia con los fondos buitres no se ha agotado, por ello llevamos la problemática también al G20, dónde propiciamos medidas que atacan los paraísos fiscales, porque no operan únicamente como santuarios de la evasión y la corrupción sino que también son indispensable para el lavado y financiación de dinero proveniente y destinado al crimen internacional y el terrorismo.
En el G20, en el marco del tema del secreto bancario y los flujos transnacionales de dinero ilícito, ya antes de la Cumbre de Pittsburgh del año pasado, Argentina circuló una propuesta destinada a multilateralizar la obligación de intercambiar información tributaria, actualmente basada en acuerdos bilaterales para evitar la doble imposición. Concretamente, se propone que el acceso a la información previsto el Modelo de Convención Tributaria de la OCDE se configure como una nueva obligación internacional, al margen de las obligaciones derivadas de los convenios de doble imposición.
Para dejar el tema de los fondos buitres, del que como habrán notado podría hablar por horas, hay un último punto que no quiero dejar de mencionar y que protagonizó varios de mis intercambios poco amistosos con los fondos buitres. Me refiero a la inmediata reacción que provocó en ellos el hecho que yo trajera a colación que el origen del problema de la deuda que ellos reclamaban se remonta a la dictadura.
La cuestión ya había salido a la luz en Washington aún en los años más oscuros de nuestra historia, en octubre de 1978, un grupo de Senadores liderados por Ted Kennedy intentó sin éxito impulsar un proyecto de ley que perseguía a los bancos estadounidenses que prestaban dinero a países que “incurrían en groseras violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos” basándose específicamente en los casos de Argentina y Chile, países ambos que habían quedado al margen de la cooperación pública de la administración Carter pero que se habían transformado en la niñas mimadas de los centros financieros privados, burlando así las sanciones.
Me cuento entre aquellos que no olvidan que el régimen militar se sostuvo en los dólares que prestaron financistas privados extranjeros y que, como sostiene Juan Pablo Bohoslavsky, los hace cómplices de los crímenes de sangre que aún no prescribieron.
Estimados amigos,
A modo de conclusión, permítanme afirmar que las competencias económicas de los organismos internacionales, entre ellas de grupos específicos como el G20, tienen una vinculación estrecha con la afirmación de los derechos humanos.
Es significativo el aporte que podemos efectuar conjuntamente con los demás países latinoamericanos para promover un diálogo de políticas más plural que se aleje del pensamiento único y ponga el centro del debate en el objetivo central del desarrollo, esto es el crecimiento con inclusión social, la erradicación de la pobreza, el pleno empleo y la distribución equitativa del ingreso.
La afinidad y el nivel de coordinación especialmente con Brasil son, en el G20, como en otros ámbitos, muy elevados. Trabajamos en la misma sintonía. El desafío es también proyectar la articulación de posiciones comunes con los otros países en desarrollo, las potencias emergentes, como China e India y, al mismo tiempo, avanzar en la tarea de convencimiento de los demás países, especialmente los desarrollados, de que el cambio va también en su propio beneficio.
En definitiva, somos conscientes de que estar sentados en la mesa del G20 significa tanto un privilegio como una responsabilidad. Los desafíos son muy grandes, los problemas de la economía mundial no se han disipado aunque se ha evitado lo peor: la continuidad de la recesión y el riesgo de la depresión. La agenda que hemos descripto someramente es muy importante, especialmente en lo que hay que construir. La buena salud de la economía mundial, la erradicación de la pobreza, la marcha hacia una sociedad más igualitaria y la sustentabilidad de recursos dependerá en gran medida de las decisiones que se tomen en este ámbito y la coordinación que se lleve a cabo con el Sistema de las Naciones Unidas.
No es posible hablar de derechos humanos sin garantías a una alimentación sana, una vivienda digna y los beneficios de una educación y asistencia de salud en condiciones equitativas para todos.
A eso apunta el desarrollo sustentable contemplado como objetivo de la Argentina en el G20. Nuestro gobierno no tiene dudas de que las políticas económicas deben tener como objetivo que los beneficios del crecimiento lleguen a todos los países y se distribuyan equitativamente.
Muchas gracias