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Héctor Marcos Timerman

Jueves 24 Junio 2010
Discurso del Sr. Canciller Héctor Marcos Timerman
COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS SESIÓN ESPECIAL SOBRE LA CUESTIÓN ISLAS MALVINAS

Señor Presidente:

Deseo expresarle las felicitaciones de la República Argentina y nuestra satisfacción por su elección para presidir este Comité Especial de Descolonización. Comprendemos claramente el papel destacado que debe desempeñar este foro en el proceso de la descolonización. Por ello, mi Gobierno confía en que, bajo su activa conducción, y con sus cualidades personales y diplomáticas, progresaremos en la erradicación de las situaciones coloniales que aún subsisten y mantendremos el espíritu necesario que nos permitirá continuar con el desafío que impone la lucha contra el colonialismo y contra el sometimiento del más débil.

En el desarrollo de esta tarea, usted ha indicado, con sabiduría y prudencia, la necesidad de considerar cada caso de acuerdo a sus características especiales y particulares, tal como lo ha venido haciendo este Comité desde sus inicios, sin claudicar ante las dificultades propias de un flagelo que, anacrónico, subsiste todavía desde tiempos inmemoriales.

Este año nos congratulamos por los 50 años que cumplirá la “Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos coloniales”, Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, adoptada el 14 de diciembre de 1960, con el apoyo de todos los países que nos rebelamos contra la perpetuación del colonialismo, expresándonos de esa forma contra la resistencia de las potencias coloniales a poner fin a una situación que, a esa altura del siglo XX, se hacía ya insostenible. Esta resolución fue adoptada en defensa de los pueblos sometidos o subyugados por un poder colonial.

En mi primera tarea como Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina tengo el honor y privilegio de venir al seno de este Comité para reiterar, frente a la comunidad internacional, una vez más, los derechos soberanos irrenunciables e imprescriptibles de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Vengo apoyado por la voluntad y el sentimiento unánime del Pueblo argentino y por una sólida e ininterrumpida posición de protesta, mantenida por el Gobierno argentino desde 1833, sin distinción.

La Asamblea General interpretó la resolución 1514 (XV) aplicándola al caso concreto de la “Cuestión de las Islas Malvinas” al adoptar la resolución 2065 (XX) el 16 de diciembre de 1965. En ella se reitera el compromiso de terminar con el colonialismo en todas sus formas, una de las cuales es la disputa entre la Argentina y el Reino Unido acerca de la soberanía en la “Cuestión de las Islas Malvinas”; cuestión que es caracterizada como un caso colonial especial y particular. La resolución invita a ambos Gobiernos a negociar una solución pacífica, teniendo en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta, la resolución 1514 (XV) y los intereses de los habitantes de las islas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la citada resolución, el Reino Unido se avino a entablar un proceso de negociaciones con nuestro país. Las diferentes etapas de negociación sobre soberanía entre las dos partes a partir de la resolución 2065 han demostrado que el empeño serio de ambas partes, sin dilaciones, puede posibilitar una solución.

Sr. Presidente:

Como es sabido, las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, son parte integrante del territorio argentino ocupado ilegalmente por el Reino Unido desde 1833, en virtud de un acto de fuerza. Luego de dos intentos frustrados de invadir Buenos Aires, actual capital de la Argentina, en 1806 y 1807, la flota británica desalojó bajo la amenaza de las armas a la población y autoridades argentinas, que pacífica y activamente ejercían en las Islas Malvinas los legítimos derechos que le correspondían a la República Argentina en su carácter de heredera de España.

Este acto de fuerza fue llevado a cabo sin previo aviso, cuando la Argentina se encontraba todavía consolidándose como un Estado independiente, y por parte de una potencia mundial con la cual manteníamos relaciones de amistad. Estas relaciones de amistad las habíamos establecido expresamente ambos países en 1825, con la adopción de nuestro primer tratado bilateral, el “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación” que, además de culminar el proceso de reconocimiento del Estado argentino iniciado en 1823, estableció las bases generales fundamentales para el relacionamiento bilateral futuro, sin que Gran Bretaña hubiera jamás manifestado durante dicho proceso reserva alguna respecto de su pretensión sobre las Islas Malvinas que, en esos años, se encontraban bajo dominio y administración pública, pacífica y efectiva del Estado argentino.

El acto de agresión de 1833 obedeció a un reflejo más de la política imperialista desarrollada por las grandes potencias de entonces, a lo largo del siglo XIX, tanto en América, como en África y Asia.

La República Argentina nunca consintió este despojo. La potencia mundial usurpadora expulsó a la población argentina y transplantó en su lugar a sus propios súbditos, impidiendo a los argentinos, desde entonces y en forma discriminatoria y sistemática hasta el día de hoy, establecerse o ser propietarios de tierras. En abierta oposición con esta política de exclusión, la Argentina fomentó, desde sus orígenes, una política de puertas abiertas para los inmigrantes que contribuyeron a construir una nación abierta, tolerante y plural.

El Reino Unido generó, por fin, un sentimiento aislacionista respecto de los argentinos continentales. Esa población de súbditos británicos transplantados, cuya “britaneidad” y número de “generaciones” tanto gusta destacar a la potencia usurpadora a través de sus propios peticionarios, no podría entonces jamás ser considerada como población sometida o subyugada al poder colonial.

Por ello no es aplicable el derecho de libre determinación. Como ya he dicho, estamos ante un caso colonial “especial y particular”. Hay en efecto una situación colonial, pero no hay un “pueblo” colonizado. No necesito destacar el peligroso precedente que significaría aceptar que el mero paso del tiempo pueda generar derechos a favor de una Potencia que ocupa territorios extranjeros, bajo protesta del desposeído, o menos aún de sus propios súbditos, instalados luego de desplazar violentamente a las poblaciones locales.

Por tanto cuando el Reino Unido alega el derecho de libre determinación para esta población británica transplantada no hace más que reclamar la libre determinación para sí mismo. Cuando el Reino Unido se niega a negociar esta disputa de soberanía con la Argentina, invocando el principio de libre determinación y alegando, entonces, que no lo hará hasta que los ocupantes británicos de las islas así lo “deseen”, hace una interpretación que es claramente contraria al espíritu y a la letra de los postulados de la resolución 1514 (XV).

Debemos tener en cuenta que en 1985, ante dos intentos del Reino Unido de incluir referencias a la libre determinación en la Resolución sobre esta Cuestión, la comunidad internacional votó, por mayoría abrumadora, en su contra, pues la Asamblea General ratificó con contundencia la inaplicabilidad del principio de libre determinación a la “Cuestión de las Islas Malvinas”.

Deseo dejar constancia -para que no existan dudas- de que la Argentina ha sido siempre y sigue siendo firme defensora, en todos los foros, del derecho a la libre determinación de los pueblos, en todos aquellos casos en que tal derecho es de aplicación. Es en defensa del principio de autodeterminación que no podemos permitir su distorsión al grado de forzar un argumento a favor de la continuada existencia de una anacrónica disputa colonial que cercena la integridad territorial de mi país desde 1833.

Por resultar difícilmente refutable, esta simbiosis entre ciudadanos británicos residentes en las islas y metropolitanos al mismo tiempo, degenera en un discurso errático e inconsistente de parte del Reino Unido para justificar lo injustificable. ¿Ciudadanos británicos que dicen querer seguir siendo británicos porque ya lo son, pero que -al mismo tiempo- dicen constituir una “comunidad diferenciada” de la metrópolis de la que son parte y cuyas costumbres y modo de vida conservan y cultivan deliberadamente como modo de justificar su britaneidad? No se puede ser dos cosas al mismo tiempo. No se puede negar la realidad evidente.

Sr. Presidente:

Las Naciones Unidas han venido reiterando el llamado a negociar a las dos partes en la disputa como único modo de resolverla, desde 1965 hasta el presente. Este mismo Comité retoma este pedido año tras año.

La Argentina no tiene duda alguna acerca de su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Sin embargo, el Gobierno argentino ha reiterado en cada oportunidad su permanente voluntad negociadora, a fin de cumplir con la obligación que pesa igualmente sobre ambas partes, de reanudar las negociaciones sobre soberanía a fin de solucionar la disputa.

En este mismo sentido, deseo aclarar que mi Gobierno no es contrario a cooperar con el Reino Unido en aspectos prácticos que se derivan de la situación de hecho imperante en el Atlántico Sur, bajo el debido resguardo jurídico y con el objeto de crear el marco propicio para que las dos partes podamos reanudar las negociaciones requeridas por la comunidad internacional.

El Reino Unido, sin embargo, se considera por encima de los llamados de la comunidad internacional, y desdeña la opinión de las Naciones Unidas. Se arroga el derecho de ser el único árbitro, de cuándo, cómo e incluso de si se va o no a negociar, y, por el momento manifiesta no estar dispuesto a hacerlo, quizás con el objetivo de pretender consolidar su ilegítimo acto de fuerza nunca consentido por la Argentina.

Esto es inadmisible, Sr. Presidente.

No es ese el comportamiento que espera la comunidad internacional de Miembros responsables de la Organización para el caso. Resulta aún más preocupante esta actitud pues es adoptada por un Miembro Permanente del Consejo de Seguridad, cuyo propósito primero es la preservación de la paz y seguridad internacionales. Resulta poco creíble su discurso a favor de la solución pacífica de las controversias, si se niega a asumir sus propias obligaciones internacionales.

No existe mejor ejemplo que dar el ejemplo. Como ha venido denunciando la Presidenta de la Nación Argentina, Dra. Cristina Fernández, no puede haber un doble estándar en las relaciones internacionales, un doble estándar por el cual se exige a los menos poderosos cumplir las obligaciones internacionales que también pesan sobre los más poderosos pero que simplemente se niegan a cumplir. Quienes suscribimos la Carta de las Naciones Unidas como países amantes de la paz lo hicimos para dejar atrás la lógica del poder que sólo ha llevado al conflicto, al enfrentamiento, a la falta de civilización. Lo hicimos porque confiamos en el imperio del derecho y la justicia internacionales; lo hicimos porque confiamos en que las Naciones Unidas deben ser la garantía de paz y seguridad internacionales.

Es por ello que la Argentina atribuye particular importancia al papel que pueda cumplir el Secretario General en cumplimiento de la misión de buenos oficios que fue encomendada por la Asamblea General y que ha sido sistemáticamente renovada por esta Organización, con el objetivo de acercar a las partes a la mesa de negociación. No hemos oído otra propuesta de parte británica sobre cómo encarar la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes para encontrar una solución por medios pacíficos, de acuerdo al mandato de la comunidad internacional.

Sr. Presidente:

Deseo dejar claro que la República Argentina no tiene nada en contra de los habitantes de las islas sino que, por el contrario, y de acuerdo al mandato de las Naciones Unidas, ha plasmado en su Constitución el compromiso a tener en cuenta sus intereses y a respetar su modo de vida. Esa posición es permanente y formó parte de las salvaguardias y garantías presentadas por la Argentina y negociadas con el Reino Unido en la década del 70. Desde entonces, la Argentina siempre se manifestó dispuesta a actualizar esas salvaguardias y garantías, y sólo obtuvo como respuesta la renuencia británica.

Sr. Presidente:

No puedo dejar de referirme a la situación actual en el Atlántico Sur, agravada por la decisión unilateral e ilegal del Reino Unido de transportar una plataforma para llevar a cabo prospecciones y, eventualmente, explotar los recursos naturales no renovables de la plataforma continental argentina, en las aguas circundantes de las Islas Malvinas. Esta medida es opuesta a lo dispuesto por la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y menosprecia la postura claramente contraria expresada recientemente de manera unánime por los países Latinoamericanos y del Caribe.

Lamentablemente esta acción en realidad no sorprende ya que responde al espíritu colonialista que ha animado al Reino Unido, particularmente en los últimos años. Buscar recursos naturales, en este caso no renovables, en las áreas que controlan como colonias (cualquiera fuera el nombre que a las mismas se les pretenda dar para resultar menos irritante en pleno siglo XXI), es reeditar la política de aprovechamiento y explotación de recursos que caracterizó su accionar tanto en nuestra América, como en Asia y África desde el siglo XVIII.

En momentos en que se está produciendo una de las peores catástrofes ecológicas en el Golfo de México como consecuencia del derrame de petróleo causado por las plataformas de perforación de la empresa británica British Petroleum, no quiero dejar de manifestar nuestra plena solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos de América damnificado por los efectos de este tremendo desastre ecológico. En este contexto, no debemos soslayar ni minimizar el riesgo que desde el punto de vista ambiental supone para toda nuestra región esta aventura colonialista del Reino Unido en el Atlántico Sur, basada en la rapiña de los recursos naturales no renovables de nuestro continente, a miles de kilómetros de sus fronteras y de su propio hábitat, al amenazar agotarse los recursos hidrocarburíferos del mar del norte.

Estas actividades británicas, además de resultar una flagrante violación de lo dispuesto por el derecho internacional y un claro desprecio por el mandato de la comunidad internacional, suponen una amenaza ambiental no sólo para la Argentina sino también para el resto de los países del Sur de América Latina. La dimensión regional del conflicto genera así la creciente preocupación en materia medioambiental, la que se suma a la amenaza que significa la presencia militar de envergadura que el Reino Unido detenta ilegalmente con su base en las Islas Malvinas.

En este contexto, no puedo dejar de expresar la inquietud que despiertan en mi país, y creo que también en otros miembros del continente americano, las declaraciones de claro corte belicista del gobierno británico, incluyendo sus representantes en las islas ilegítimamente ocupadas. A esta postura colonial, se contrapone la postura pacifista claramente definida y reiterada por la Argentina, consagrada en su propia Constitución Nacional, de buscar una solución a esta disputa de soberanía por medios diplomáticos y conforme al derecho internacional, para poner fin a una ya vergonzosa, además de anacrónica e ilegal, situación colonial.

Señor Presidente:

Este año mi país conmemora el bicentenario de la Revolución de Mayo que dio lugar a su nacimiento como Estado independiente y soberano. Sin embargo, hace 177 años que mi país reclama el ejercicio pleno de soberanía sobre la totalidad de su territorio, tras la usurpación de 1833 y el sostenimiento de un enclave colonial contra el imperio del derecho, la historia, la razón y la justicia. En estos años de historia el Pueblo argentino nunca ha perdido de vista la justicia de su reclamo, fundándonos en nuestro respeto a los derechos fundamentales del hombre, los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones.

Confío en que este Comité, tal como lo ha hecho en años anteriores, exprese su apoyo al consenso para llamar a ambas partes a dar una solución definitiva y pacífica a la disputa de soberanía, de acuerdo con las normas internacionales. La República Argentina, como siempre, está dispuesta a reiniciar el proceso negociador de inmediato. Esperamos que el Reino Unido honre su compromiso asumido como Estado Miembro de esta Organización y Miembro Permanente del Consejo de Seguridad.

Muchas gracias, señor Presidente.