El 29 de junio pasado, el Consejo de Derechos Humanos aprobó por aclamación el proyecto de Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Ahora es el turno de la comunidad internacional en su conjunto para ratificar lo aprobado en Ginebra con miras a fortalecer el sistema universal de promoción y protección de derechos humanos.
El proyecto de Convención internacional sobre desaparición forzada de personas se elaboró dentro del Grupo de trabajo establecido a tal fin en el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos. El primer borrador fue redactado bajo la presidencia de Francia –Emb. Bernard Kessedjian- y a partir de allí ha existido una fuerte colaboración y activa participación de la Argentina en este marco.
La ardua tarea del movimiento de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, en particular las asociaciones de familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos, a lo largo de varias décadas, fue un factor determinante en la elaboración, negociación y aprobación del instrumento. En este marco, es dable destacar una vez más el esfuerzo y sacrificio realizado por las “Abuelas y Madres de Plaza de Mayo”.
Asimismo, en esta ocasión es oportuno recordar el triste significado que la práctica de la desaparición forzada de personas tiene para la Argentina. La forma masiva y sistemática con que la última dictadura militar desarrolló esta aberrante práctica y la falta de condena pública por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, fueron dos de las causas fundamentales que llevaron a creación del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias dentro de la misma Comisión, como una salida para poder abordar e investigar las miles de denuncias contra la Argentina que el órgano recibía en ese entonces.
La Convención constituye una herramienta sustancial para prevenir casos como el argentino y luchar así contra el flagelo de las desapariciones forzadas de personas, que lamentablemente siguen teniendo lugar en nuestro mundo actual.
En tal sentido, el instrumento obliga a tipificar la desaparición forzada como un delito autónomo e insta a los Estados a adoptar una serie de medidas para la prevención, investigación, procesamiento y castigo de quienes resulten responsables, constituyendo un paso significativo en la lucha contra la impunidad.
Asimismo, la adopción de la Convención será un aporte esencial para el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos, en cuanto reconoce este delito como un crimen de lesa humanidad, a la vez que reafirma el derecho a la reparación, a la justicia y a la verdad.
La Argentina, desde el restablecimiento de la democracia en 1983, ha luchado por la promoción y protección de los derechos humanos tanto en el ámbito nacional como en el internacional, basándose en cuatro principios fundamentales: memoria, verdad, justicia y reparación.
Por ello, al igual que lo hizo en la Sesión Inaugural del Consejo de Derechos Humanos, el pasado 19 de junio, la Argentina hace un llamado a todos los Estados miembros de la ONU para que reafirmen una vez más su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, uno de los pilares básicos del sistema de Naciones Unidas y, en tal sentido, apoyen la adopción de la Convención en esta 61 AGNU.