Jorge Enrique Taiana

Deseo expresar mi beneplácito por la realización de este seminario, que se enmarca entre las numerosas acciones desarrolladas por este Ministerio en el plano internacional, en la promoción y protección de los derechos humanos.
El Gobierno de la República Argentina está fuertemente comprometido con un modelo de sociedad democrática e inclusiva, con pleno respeto de los derechos humanos para todos, y que reconoce el papel fundamental del Estado para paliar o superar las situaciones de exclusión que tienen su raíz en cuestiones socioeconómicas y culturales, muchas veces de corte estructural.
En esta línea, en el marco de su política exterior viene trabajando activamente en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito regional como universal.
Por ejemplo, durante el 36º período de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrada en junio de 2006, nuestro país presentó el Proyecto de Resolución, que fue aprobado por consenso, a través de la cual los Estados del continente reafirmaron su compromiso por proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de aquellas individuos o grupos inmersos en situaciones de vulnerabilidad, entre los cuales se encuentran las personas con discapacidad.
El resultado principal de dicha resolución fue solicitar al Secretario General de la OEA que, tomando en cuenta los aportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la temática de la discapacidad, presente una propuesta de los documentos necesarios para poner en marcha el Comité previsto en el artículo VI de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, de la que Argentina, entre otros, es Estado Parte. En este sentido, cabe recordar que la puesta en marcha de dicho Comité se encontraba pendiente desde febrero de 2003, fecha en que se cumplió el plazo desde que se depositó el décimo primer instrumento de ratificación de la Convención Interamericana.
Por su parte, en el marco de las negociaciones para concretar esta acción, la Argentina promovió en todo momento que los expertos que integraran el Comité ejercieran sus funciones a título individual y no representando a sus gobiernos -hecho que finalmente quedó reflejado en su Reglamento-,por considerarlo como un requisito fundamental para la independencia de funcionamiento de un órgano de supervisión de un tratado de derechos humanos. Hoy contamos con la presencia del experto argentino ante el Comité, quien nos ofrecerá  una presentación sobre las primeras reuniones de dicho órgano.
Asimismo, la República Argentina ha apoyado activamente la negociación de la Declaración y Plan de Acción del Decenio de las Américas por los Derechos y Dignidad de las Personas con Discapacidad. En ese sentido, nuestro país ha presentado numerosas observaciones y contribuciones al borrador del Programa, las que fueron mayoritariamente incorporadas. Todas esas contribuciones habían sido consultadas y consensuadas previamente con organizaciones locales vinculadas con la temática de la discapacidad, con las que esta Cancillería mantiene un contacto fluido.
Respecto del ámbito universal, deseo destacar también que la República Argentina ha tenido un rol muy activo en la negociación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, ambos firmados por la Argentina en marzo pasado. Nuestro país favoreció siempre la más amplia participación de la sociedad civil e incorporó por primera vez representantes de organizaciones sociales en calidad de asesores de nuestra delegación nacional en Nueva York. Esta fue una experiencia muy rica para la Cancillería, donde trabajamos juntos con convicción para lograr una Convención amplia, con un fuerte eje en el desarrollo y garantías de igual acceso a la justicia, al trabajo, a la salud, a la educación, entre otros.
Estos asesores nos acompañan hoy y van a compartir con ustedes sus observaciones respecto del papel desempeñado por la sociedad civil, no sólo respecto de la negociación de la Convención de Naciones Unidas sino sobre la importancia de que este tipo de ejercicio se repita en todas aquellas discusiones vinculadas con el diseño de políticas públicas relativas a las personas con discapacidad. De hecho, esto va a dejar de ser solo una “buena práctica” de la Argentina para convertirse en una obligación establecida en la propia Convención.
En nuestro país se está firmemente convencido de que la persona que atraviesa una situación de discapacidad tiene las mismas potencialidades que sus conciudadanos, y que el Estado tiene la obligación de proteger con mayor esfuerzo a quienes más lo necesitan. En este caso, son las
barreras de un entorno que no está suficientemente adaptado a sus necesidades particulares las que limitan su grado de participación en la sociedad. En la última sesión del Comité Especial que redactó la Convención, en el mes de agosto de 2006, la Argentina lideró una coalición de países de la región que logró impulsar una definición inclusiva de la discapacidad como resultado de la interacción entre impedimentos y las barreras del entorno, barreras que la Convención apunta a eliminar a fin de permitir la plena participación de todos en condiciones de igualdad.
Estimamos que las acciones en materia de promoción de los derechos de las personas con discapacidad son imprescindibles para cristalizar esta . Con este tipo de acciones, la sociedad en su conjunto se beneficiará al contribuir a que esta importante comunidad, durante mucho tiempo postergada, haga realidad su enorme potencial.
Por cierto, resulta imprescindible que todas las acciones implementadas para promover los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito internacional, tengan su correlato en el ámbito interno, dado que no es un gobierno determinado el que se compromete a cumplir las obligaciones que asume con la ratificación de un Tratado sino que es el Estado en su conjunto quien lo hace.
Es por ello que hoy hemos convocado a funcionarios tanto de la Administración Pública Nacional, como del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como a representantes de la sociedad civil, para analizar de manera interdisciplinaria las acciones que se vienen llevando a cabo y las que aún deberían implementarse, para hacer plenamente efectivos los derechos fundamentales para todas las personas con discapacidad, consagrados en los diferentes instrumentos internacionales de los que la Argentina es parte.