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Rafael Antonio Bielsa

Viernes 14 Noviembre 2003
Discurso del Sr. Canciller Rafael Antonio Bielsa
XIII Cumbre Iberoamericana (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia)
"La inclusión social, motor del desarrollo"

Formo parte de una generación que nació y creció en la Argentina del ascenso social, basada en la igualdad de oportunidades de acceso a la educación, la salud y el empleo. Una Argentina en la que cada hijo y nieto avanzaba, desde su situación sociofamiliar, en el mundo del conocimiento, de la cultura y del trabajo. Por eso me resisto, como se resiste el pueblo argentino, a cristalizar una sociedad dividida entre quienes trabajan y quienes son asistidos.

Los efectos del paradigma neoliberal nos mostraron a los argentinos la contracara de una realidad que nuestros antepasados, inmigrantes y obreros, forjaron a partir de su empeño por el trabajo y las oportunidades cívicas y económicas que nuestro país brindó históricamente a todos sus habitantes.

La Argentina es suscriptora de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, en consonancia con ellos, acaba de firmar con la República Federativa de Brasil el denominado Consenso de Buenos Aires en el que se reafirman, entre otros puntos, los siguientes:

Las políticas asistenciales significan un paliativo imprescindible para morigerar el problema de la pobreza, pero este sólo será resuelto a partir de la generación de condiciones propicias para el desarrollo de los negocios, la inversión productiva, la generación de empleo y una más justa distribución del ingreso.

El trabajo decente, tal como es concebido por la OIT, es el instrumento más efectivo de promoción de Ias condiciones de vida de nuestros pueblos y de su participación en los frutos del progreso material y humano.

Las políticas educativas resultan básicas y fundamentales para el desarrollo, habida cuenta de su capacidad formadora, equiparadora e integradora. La pobreza, la desigualdad, el hambre, la enfermedad y el analfabetismo configuran una pérdida concreta de autonomía y dignidad en Ias personas, situación que obstaculiza el pleno ejercicio de la ciudadanía, y consecuentemente el fortalecimiento de nuestras democracias.

El Derecho Familiar de Inclusión Social es reconocido por nuestra Constitución Nacional, ya que ella otorga rango constitucional a los tratados y convenciones sobre derechos humanos suscriptos por nuestro país y en particular al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

El gobierno argentino entiende que la integración y la cohesión social deben procurarse desde antes del nacimiento, con el cuidado especial a la embarazada y la reducción de la morbimortalidad materna e infantil y, luego, a lo largo de toda la vida de ias personas. Muy especialmente, el Estado protege a la población más vulnerable a la que llega a través de un conjunto de programas nacionales especializados.

Actualmente, nos encontramos realizando un gran esfuerzo de coordinación entre los Ministerios de Desarrollo Social, Salud, Educación y Trabajo, con el fin de maximizar el impacto concreto de los programas, teniendo en cuenta especialmente su calidad, cobertura y transparencia, tanto en los procedimientos como en el uso de los recursos.

La profunda crisis económica por la que ha atravesado la Argentina y las gravísimas consecuencias sociales generadas, han obligado a priorizar, dentro de las políticas sectoriales, la atención de los más pobres y desprotegidos. Así, los programas alimentarios y los planes de generación de empleo en el marco de la economía social, se complementan con la atención materno infantil y las políticas compensatorias llevadas adelante en el marco del sistema educativo.

El gobierno argentino ha revitalizado el ya existente Programa Jefas y Jefes de Hogar desocupados, ampliando su cobertura con el fin de asegurar un mínimo ingreso mensual a un importante núcleo poblacional y promoviendo modalidades de gestión y control social participativas y transparentes. Esta acción es complementada con el Plan "Manos a la Obra" -vinculado al sector de la economía social-, el "Plan Integral de Promoción de Empleo" y el "Programa Nacional de Regularización del Trabajo".

En el marco de la crisis, y en el centro de la dimensión de la equidad, se encuentra la necesidad de garantizar condiciones de educabilidad para los estudiantes, asegurando el derecho humano a la educación. A pesar de las múltiples preocupaciones sociales que rodean a Ios alumnos más desprotegidos y que hacen que la escuela se encargue. de aspectos no estrictamente pedagógicos -a través de las llamadas políticas compensatoras- nuestro Plan Federal de Educación pone de relevancia el desafio del mejoramiento de la calidad. De este modo se busca garantizar que los alumnos que concurren a todas las escuelas participen de un proceso educativo centrado en conocimientos relevantes y pertinentes, en un marco ético y valorativo que recupere los atributos de la tolerancia, la solidaridad, el respeto por el otro y la orientación hacia el bien común. Recientemente hemos puesto en marcha el "Programa de Equidad Educativa" que se propone mejorar los niveles de inclusión, permanencia y promoción a tiempo y con calidad de los niños y jóvenes de escuelas cuya población escolar pertenece a los sectores en mayor riesgo socioeducativo del país.

La protección del niño desde su gestación, nacimiento y primeros años de vida es la que garantiza la igualdad de oportunidades que se materializará con la posesión de las aptitudes psicofísicas que le permitan al niño el ingreso y permanencia en el sistema educativo, así como al adulto la incorporación plena al mundo del trabajo.

En este sentido, nuestra política de salud pone de relevancia la importancia del Programa de Protección Materno Infantil, así como el acompañamiento preventivo y asistencial en todas las etapas del niño y del adolescente, haciendo especial hincapié en los aspectos nutricionales . La atención de la salud pública se realiza a través de múltiples acciones entre las que quiero destacar el "Programa Remediar" de provisión gratuita de medicamentos esenciales. Esta constituye una estrategia central del Ministerio de Salud de la Nación para enfrentar la emergencia social y sanitaria, garantizando el acceso de la población más vulnerable a los medicamentos esenciales que dan respuesta a la mayoría de los motivos de consulta médica.

Al mismo tiempo hemos reafirmado la importancia de la prescripción de medicamentos por su nombre genérico, con el propósito de reducir el costo de la salud en los presupuestos familiares. De hecho, desde que entró en vigencia dicha política, ya se verificaron rebajas en los precios y se espera que la generalización de la modalidad los reduzca aún más.

Nuestro camino en democracia no ha sido fácil, pero es cada vez más fuerte y transitable. Lo demuestra precisamente cómo pudimos atravesar los argentinos la crisis política e institucional de fines de 2001, aferrándonos estrictamente a las soluciones constitucionales y retomando, en pocos meses, la normalidad que brinda la legitimidad electoral.

En el corto tiempo que lleva mi mandato, nuestro sistema politico ha recuperado su institucionalidad: No existen intromisiones ni presiones del poder ejecutivo en la justicia; el Congreso nacional funciona en plenitud ejerciendo sus funciones de control e iniciativa legislativa; y se cumplen con previsibilidad y transparencia todos los cronogramas electorales de las provincias y los municipios.

Es por ello que podemos afirmar que nuestra democracia se ha fortalecido como sistema de gobierno aunque, al mismo tiempo, se ha visto interpelada por el dramático aumento de la pobreza, el desempleo y la marginación social. Para revertir esta situación, el gobierno argentino está empeñado en recuperar valores sustantivos de nuestra democracia, tales como el derecho al trabajo, el desarrollo y la justicia social, que hacen que la misma no se vea reducida a la imprescindible periodicidad del acto electoral, ni que el crecimiento económico pueda sostenerse como un éxito si no conduce al progreso del pueblo.

En consonancia con los lineamientos fundamentales de su política exterior, la Argentina reafirma su adhesión a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, el respeto a la soberanía y la igualdad jurídica de todos los Estados, el principio de no intervención, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, el respeto a la integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y la protección y promoción de los derechos humanos para hacer frente a los problemas de la agenda internacional.

En el actual escenario, Ias situaciones de extrema pobreza, la violación de los derechos humanos, la proliferación de armas de destrucción masiva y la amenaza creciente del terrorismo internacional, nos coloca en una posición activa y no de indiferencia ante estos flagelos, pero siempre desde el estricto apego al Derecho Internacional y la afirmación del papel de la ONU como foro en el que deben resolverse las controversias internacionales y la promoción del desarrollo económico y social en el mundo. Es fortaleciendo el multilateralismo activo como mecanismo decisional que estaremos contribuyendo positivamente a preservar la paz y la seguridad internacional.

La Argentina reconoce en el multilateralismo la única posibilidad de construir un mundo más democrático, pacifico y justo, y reafirma en consecuencia el papel del Consejo de Seguridad de la ONU como el órgano con la responsabilidad primordial para promover la paz y la seguridad en el mundo, asi como el papel de la Asamblea General como principal espacio de deliberación y representación de Ias Naciones Unidas.

Es por ello que nuestro país participará activamente de los esfuerzos encaminados a reformar el Consejo de Seguridad en todos sus aspectos.

La Argentina entiende que existe una dialéctica compleja que vincula las problemáticas del orden mundial y la seguridad internacional con las posibilidades de profundizar el desarrollo económico y social. Las situaciones de extrema pobreza y de marginación social, el hambre, el analfabetismo y la enfermedad, conspiran contra la dignidad y la seguridad humanas, generando condiciones propicias para el surgimiento de los extremismos, la violencia y el terrorismo internacional.

Hemos aprendido de la historia cómo los fundamentalismos de diverso tipo y los proyectos hegemónicos terminan llevándose por delante la democracia, la libertad, los derechos humanos más elementales y, sobre todo, la paz. Hoy esa paz no es sólo la antítesis del conflicto bélico. Es también una ausencia para aquellos que sienten terror y para quienes que padecen hambre.

Es por ello que nuestro país encuentra en una efectiva cooperación multilateral la única alternativa viable para promover el desarrollo de todas las naciones del mundo y, de tal modo, crear las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la democracia y la seguridad internacional.

Los flagelos vinculados a la profundización de la pobreza, el desempleo y la desigualdad social se ven agravados por la inserción desventajosa de los países en desarrollo en la economía internacional, que obstaculizan nuestra necesidad de crecer para garantizar la estabilidad política, la cohesión social y el desarrollo nacional.

Por eso debemos destacar la firme determinación de la Argentina de participar, con una vocación negociadora y constructiva, de todas las negociaciones comerciales multilaterales para Iograr una mayor apertura de los mercados para nuestros productos, poniendo fin a los subsidios y barreras que toman cada vez más injustas las condiciones para nuestro comercio. Sabemos que; en la medida en que esta situación no se revierta, la pretendida reducción de la pobreza no pasará de ser un recurso retórico y se transformará en una quimera.

En este sentido, la cooperación con otros países con los que coincidimos en nuestros intereses, reclamos y preocupaciones resulta una muestra efectiva de nuestra determinación de hacer valer los principios que enarbolamos. Exigimos igualdad de derechos y transparencia para las transacciones comerciales, así como se nos exige a los países en desarrollo el pago de la deuda externa. No será posible lo uno sin lo otro.

El gobierno argentino tiene la firme decisión de cumplir con sus compromisos internacionales relacionados con el pago de la deuda externa, pero en un contexto propicio y realista, de forma tal de que no se restrinjan ni alteren las posibilidades de crecimiento económico, de inversión en infraestructura, planes de desarrollo social, educación, salud, protección del medioambiente y preservación de los recursos naturales del país.