El siglo XX con sus avances tecnológicos y descubrimientos, que sobrepasaron en cantidad a todos los realizados por la humanidad hasta entonces, fue también, el momento de la historia en que la capacidad de los hombres para destruir masiva e impiadosamente a otros y arrasar con los bienes del espíritu y la cultura, superó todo límite conocido.
Pero en todo tiempo de la historia conviven luces y sombras, lo santo y lo profano y acaso por eso, también en este tiempo, la humanidad comenzó a transitar una empeñosa marcha orientada a recuperar y consolidar los derechos inherentes al hombre.
Las declaraciones de derechos humanos, que también lo son de deberes de los hombres para con los hombres y de la instituciones nacidas a su conjuro, nos impone el mandato de ser leales, a un principio que tenemos por verdad irrefutable: "todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza, de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros".
A la resurrección de los derechos humanos en la segunda mitad del siglo XX y a su progresivo desarrollo, se debe, entre otros, una innovación de enorme trascendencia en el campo del derecho internacional.
Es el reconocimiento de la capacidad de cualquier individuo, de alcanzar, por sus propios medios y sin otro atributo ni credencial que su condición humana, remedios efectivos contra los actos u omisiones violatorias de sus derechos fundamentales, cometidos, en ejercicio o abuso de cargos oficiales, por funcionarios de un estado, sea el propio o cualquier otro, a través de los organismos creados por la comunidad internacional.
La posibilidad de sustanciar tales procesos en sistemas de promoción y protección, como el que integran la comisión y la corte interamericana de derechos humanos -con fuertes y comprensibles similitudes con el sistema europeo homólogo- no desemboca, inevitablemente, en una sentencia en la que un tribunal integrado por respetados y renombrados juristas de diversas nacionalidades exponen públicamente, como fundamento de una condena, el comportamiento delictivo -en sentido lato- del Estado enjuiciado. Según el pacto de San José y su propio reglamento, la Comisión Interamericana, durante el trámite de una denuncia debe ponerse a disposición de las partes, por iniciativa propia o a petición de cualquiera de ellas, "a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana".
La práctica del sistema interamericano ha apuntado, desde sus orígenes -como habría sido de esperar- en la dirección de las soluciones amistosas.
Viene a cuento referir que al comienzo de los años 80, el gobierno de Costa Rica, cuya capital se fijó como sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, preocupado porque esta no había sido llamada a conocer, aún, en ningún caso contencioso (solamente la Comisión Interamericana y los Estados pueden promoverlos), y ansioso por que el tribunal comenzara de una vez por todas a funcionar, efectuó una suerte de autodenuncia para que se investigara la posible violación del pacto en relación con la muerte de la joven estudiante Viviana Gallardo.
El 13 de noviembre de 1981, la corte, que integraban, entre otros, Pedro Nikken y Thomas Buergenthal, declaró su incompetencia pero hizo lugar a una petición subsidiaria del gobierno, remitiendo los antecedentes a la Comisión Interamericana para que esta, en caso de considerarlo pertinente, sustanciase la cuestión conforme a su reglamento, comprensivo de la instancia conciliatoria.
No será hoy la primera vez que nuestro país participe en una instancia conciliatoria en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tampoco será esta la primera vez que un Estado reconozca su responsabilidad, como ha anticipado el señor Presidente de la Nación que hará la representación del Gobierno argentino. Quizás el caso se diferencie de la mayoría de aquellos en los que se llegó a una solución amistosa porque la presentación que dio origen al prolongado proceso (lleva fecha del 1° de septiembre de 1999) no fue hecha por ninguno de los damnificados directos ni en virtud de mandato formal de estos, sino por la entidad "Memoria Activa", contando con el patrocinio de las organizaciones de la sociedad civil "Centro de Estudios Legales y Sociales", "Centro por el Derecho y la Justicia Internacional" y la posterior adhesión de "Human Rights Watch", "Abuelas de Plaza de Mayo", "Servicio de Paz y Justicia", "Madres de Plaza de Mayo -- línea fundadora", "Asamblea Permanente por los Derechos Humanos", "Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas", "Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos" y el "International Human Rights Law Group". La presencia de estas entidades permite esperar una solución que, además de amistosa y creativa, pueda comenzar a sanar las profundas heridas que deja a su paso la ausencia de justicia, y asegure que la inconclusa investigación judicial, liberada definitivamente de las ataduras del encubrimiento, la simulación y el doble discurso, pueda esclarecer la verdad y hacer posible que los autores de los imprescriptibles delitos de lesa humanidad cometidos, y sus instigadores, partícipes y encubridores, reciban la sanción que corresponda por derecho y justicia.
A poco de comenzar su mandato, el señor Presidente declaró, que el caso AMIA era una vergüenza nacional. Los claros actos de gobierno cumplidos desde entonces, reveladores de la voluntad del Poder Ejecutivo de modificar drásticamente la situación, no pudieron compensar la frustración y la furia que la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Federal vino a poner de manifiesto, al confirmar algunas de las peores intuiciones de una opinión pública obligada al escepticismo y al descreimiento.
La convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos da una nueva oportunidad para enderezar el rumbo transitado. La sabiduría del libro del Eclesiastés, en su capítulo 3, nos advierte que, "para todo hay un momento preciso y para todo evento bajo el cielo, un momento adecuado". Con los maestros de la ley, nos preguntamos: Si no es ahora ¿cuándo?