Impulsada por la Argentina y Noruega, en mayo de 2015 se adoptó la Declaración sobre Escuelas Seguras - Protegiendo la Educación de Ataques, a fin de incrementar la protección de la educación durante conflictos armados y reducir el daño causado por los ataques a la educación.
Al sumarse a la Declaración, los Estados se comprometen a trabajar conjuntamente para:
- Aplicar las Directrices para Prevenir el Uso Militar de las Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados;
- Mejorar la notificación de los ataques a las escuelas y universidades;
- Recoger datos fiables y relevantes sobre ataques y uso militar de escuelas y universidades;
- Proporcionar asistencia a las víctimas de los ataques;
- Investigar las denuncias de infracciones de las normas nacionales e internacionales aplicables y procesar a los perpetradores;
- Elaborar y promover enfoques “sensibles al conflicto” al abordar la educación;
- Seguir estrategias para la continuación de la educación durante los conflictos armados y reestablecer el acceso a la educación luego de los ataques;
- Apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas en la cuestión de los niños y los conflictos armados.
La Argentina, en colaboración con Noruega, Nigeria y España, trabaja en la universalización de la Declaración, a través de campañas para su difusión e implementación. Hoy la Declaración cuenta con 119 Estados parte.
Asimismo, desde febrero de 2021, nuestro país es parte de la red de implementación de la Declaración de Escuelas Seguras, impulsada por Noruega. Se trata de un espacio de intercambio de buenas prácticas entre los Estados, en el que la Argentina ha participado, a través de representantes de los Ministerios de Educación, Defensa y Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto al momento de su lanzamiento.
Gracias a la iniciativa, en octubre de 2021 se aprobó en el Consejo de Seguridad de la ONU de forma unánime, la Resolución 2601 (2021), la primera en su tipo, que hace explícitos los vínculos entre educación, paz y seguridad. La resolución condena los ataques contra escuelas, niños, adolescentes y maestros e insta a las partes en conflicto a salvaguardar de inmediato el derecho a la educación.