La Canciller Susana Malcorra y la Presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), Silvia Fernández de Gurmendi, suscribieron el pasado 18 de abril, en Buenos Aires, un acuerdo entre la República Argentina y la CPI (https://goo.gl/kUq3hY ) que permite a este organismo la ejecución de sus sentencias en el país, en cumplimiento con lo establecido por el Estatuto de Roma que dio creación a dicho tribunal en 1998.
En ese sentido, este acuerdo se suma al suscripto en noviembre de 2016 entre las mismas partes sobre protección de testigos, ya que tanto dicha protección como la ejecución de sentencias de la CPI son dos de las tres áreas que no están expresamente incluidas en el Estatuto, por lo que deben ser objeto de acuerdos voluntarios complementarios.
La tercera área que requiere cooperación voluntaria de los Estados se refiere a la relocalización de acusados cuya libertad haya sido dispuesta por la Corte, sea porque han sido absueltos definitivamente o liberados provisionalmente hasta que recaiga sentencia, pero que no pueden regresar a sus países de origen porque su vida o integridad física se encontrarían en grave riesgo. Sobre esta materia, la Argentina y la CPI se encuentran actualmente negociando la firma de otro acuerdo. Una vez suscripto, el país se habrá convertido en el segundo Estado Parte del Estatuto de Roma -y el primero de la región- en haber suscripto acuerdos con la Corte en todas las áreas de cooperación voluntaria.
La CPI es un tribunal permanente que tiene competencia para juzgar sobre crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio (en 2010 se incorporó el crimen de agresión, respecto del cual no se encuentra aún activada la jurisdicción de la Corte). Este tribunal no cuenta con fuerzas de seguridad o servicios penitenciarios propios. De allí la importancia de contar con la colaboración de los Estados en diversos aspectos relacionados con la investigación y prosecución de los crímenes y la posibilidad de poner a disposición del tribunal a los acusados.
El acuerdo de sentencias firmado, en particular, es uno de los primeros de esta naturaleza celebrados entre la Corte Penal Internacional y un Estado Parte en el Estatuto de Roma y refuerza el compromiso permanente de la República Argentina con la CPI. Al respecto, Malcorra destacó que la rúbrica del documento “es un paso más que demuestra el compromiso de la Argentina con la Corte, en momentos en los cuales la Justicia y ciertos principios se ponen en tela de juicio en algunos lugares”.
El apoyo continuo a la Corte Penal Internacional se ha visto reflejado desde su puesta en marcha, tanto en el ámbito de la Asamblea de Estados Parte como en otros foros de los que el país es miembro. Cabe destacar que mientras este año se cumplen 15 años desde que la CPI puso en marcha sus operaciones, el año próximo se celebrarán los 20 años de la adopción del Estatuto de Roma.