"En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se reunieron las partes en la petición N° 12.204 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) - los peticionarios, Sra. Adriana Reisfeld, Diana Wassner, Sr. Jorge Lew y Dr. Pablo Miguel Jacoby (Memoria Activa); la Dra. Liliana Tojo y Julieta Di Corleto (CEJIL), la Dra. Andrea Pochak y el Dr. Víctor Abramovich (CELS). Por el Estado nacional participan el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ambito Internacional, Embajador Horacio Méndez Carreras, el señor Director de Derechos Humanos de la Cancillería Consejero Federico Villegas Beltrán, por la Unidad Especial de Investigaciones del atentado a la AMIA el Dr. Alejandro Rua, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la Dra. Andrea Gualde, y por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la Dra. Mirta Sassone. Finalizadas las deliberaciones, las partes dejan constancia de lo siguiente:
1. El Estado nacional hace entrega a los peticionarios de copia del proyecto de decreto a que se hace referencia en el punto 3.1 del acta de fecha 4 de marzo de 2005 suscripta en Washington, DC en el marco del 122° período ordinario de sesiones de la CIDH.
2. Los peticionarios manifiestan que, sin perjuicio de que en el Decreto proyectado se agregue como anexo el texto del acta citada en el punto anterior, el mismo debería contener, en sus considerandos, una mención específica a Memoria Activa como parte que ha presentado e impulsado la denuncia en el ámbito internacional, y en su parte resolutiva, el reconocimiento de responsabilidad tal y como fuera exteriorizado por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conforme al punto 2 del acta de fecha 4 de marzo de 2005. Asimismo, y en relación al punto 1 de la citada acta, la difusión del reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado deberá ser instrumentado mediante su publicación en los diarios "Clarín", "La Nación", y "Página/12", como así también a través de los espacios públicos de radiodifusión y/o televisión, informándose asimismo que el informe Grossman estará disponible para su consulta a través de las páginas web oficiales que correspondan.
3. El Estado se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para que el Decreto mediante el cual el Estado reconoce responsabilidad en la presente petición se dicte con anterioridad a la próxima reunión de trabajo.
4. En relación al punto 3.3.a del acta del 4/03/2005, los peticionarios manifiestan la importancia de que participe un funcionario de la Procuración General de la Nación. Asimismo, solicitan que se requiera a la Unidad Fiscal Especial a cargo del caso AMIA un listado de las causas en las que está interviniendo o en las que haya intervenido. En tal sentido, la Cancillería se compromete a formalizar la invitación a dicho órgano a tales efectos, y a solicitar a la Unidad Fiscal mencionada la información requerida, con anterioridad a la próxima reunión de trabajo.
5. En relación al punto 3.3.b de la citada acta, los peticionarios manifiestan su preocupación por las demoras verificadas en el marco del juicio político seguido contra el juez Galeano, y solicitan que ello sea transmitido a las autoridades competentes. La Cancillería se compromete a canalizar dicha preocupación acompañando copia de la presente acta.
6. En el mismo sentido, los peticionarios manifiestan su preocupación por las demoras registradas en la resolución de las incidencias de recusación e inhibitoria en trámite ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Federal en las actuaciones en las que se investigan las irregularidades acontecidas en la investigación del caso AMIA. En tal sentido, el representante de la Unidad Especial de Investigaciones del caso AMIA agrega que resulta preocupante la demora en el trámite del juicio político seguido contra el juez Claudio Bonadío, solicitando se transmita tal inquietud a las autoridades competentes. La Cancillería canalizará tales solicitudes de igual manera que lo expresado en el punto anterior.
7. En relación al punto 3.3.c de la mencionada acta, los peticionarios manifiestan la necesidad de que la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia cuente con capacidad legal para constituirse en querellante en las causas vinculadas al caso. El Estado se compromete en consecuencia a evaluar las medidas que pueden ser adoptadas a efectos de lograr tal objetivo, y a presentar a la mesa una propuesta en el marco de la próxima reunión de trabajo.
8. En relación al punto 3.3.d de la citada acta, el Dr. Rua informa a la mesa de diálogo que se encuentran en poder de la Unidad Fiscal Especial de Investigaciones a cargo del Dr. Nisman, alrededor de 1500 cajas con documentación de inteligencia entregadas por la SIDE, documental que se encuentra en plena etapa de evaluación. Sin perjuicio de ello, el Estado se compromete a hacer sus mejores esfuerzos para agotar la búsqueda de todo archivo o documentación en poder de la SIDE que pudiera estar vinculada al caso AMIA. En tal sentido, la Cancillería solicitará a la SIDE un informe acerca de las medidas realizadas para completar la búsqueda de documentación eventualmente faltante, asi como el plan de acción tendiente a agotar dicha búsqueda, incluyendo, si existieran, actuaciones administrativas tendientes a esclarecer las razones por las cuales tal información no fue aportada oportunamente. Asimismo, la mesa de diálogo acuerda se formalice una invitación al titular de la SIDE a efectos de que informe acerca de esta temática.
9. En relación al punto 3.3.e de la mencionada acta, el Dr. Rua informa a la mesa de diálogo que el relevamiento de la información migratoria disponible en la Dirección Nacional de Migraciones se encuentra muy avanzado, habiéndose informatizado a la fecha cerca de 15.000.000 de fichas entre los años 1992 y 1994. Se espera finalizar la tarea alrededor de finales de año. Asimismo se señala que los registros migratorios se encuentran informatizados desde 1995.
10. En relación al punto 4 del acta de fecha 4/3/05, los peticionarios manifiestan la importancia de que el Ministerio del Interior participe en la mesa, específicamente en relación a la evaluación de medidas a implementarse en materia de creación de una unidad especializada en catástrofes y plan de contingencia para caso de atentados. En tal sentido, la Cancillería se compromete a formalizar una invitación a las autoridades que resulten competentes, a fin de que en la próxima reunión de trabajo, informen a la mesa de diálogo acerca de las medidas en estudio o que se hubieran implementado en relación a este tema.
11. En relación al punto 5.a y 5.b de la citada acta, el Dr. Rua informa que la Oficina Anticorrupción elaboró un proyecto de ley que incorpora reformas en ambos sentidos, y aporta copia del mismo a la mesa de diálogo. Asimismo, se hace entrega a la mesa de diálogo copia de un informe elaborado por la Oficina Anticorrupción donde analiza cuestiones vinculadas al uso de fondos reservados por la SIDE y en cuyo marco se proponen diversas medidas a efectos de garantizar mayor transparencia. Los peticionarios se comprometen a analizar y eventualmente practicar observaciones al respecto con anterioridad a la próxima reunión de trabajo. La Cancillería se compromete a cursar invitación a la Oficina Anticorrupción a efectos de que informe acerca de tales iniciativas, en el marco de la próxima reunión de trabajo.
12. En relación al punto 6 de la citada acta, el Ministerio de Justicia informa que se encuentra a estudio un proyecto de ley tendiente a reparar a todas las víctimas. Los peticionarios manifiestan que esta iniciativa legal debería discutirse con todas las víctimas del atentado en un ámbito diferente a esta mesa de diálogo.
13. En relación al punto 7 de la citada acta, los peticionarios solicitan que el Estado se comprometa a abonar los honorarios regulados y/o a regularse judicialmente en la instancia doméstica a los letrados patrocinantes y/o representantes de las víctimas agrupadas en la organización Memoria Activa, por su actuación profesional en la causa AMIA y causas conexas. En relación con las costas generadas en el marco de la denuncia ante la CIDH, los peticionarios solicitan al Estado que efectúe una propuesta que contemple los estándares internacionales aplicables en la materia. En tal sentido, la Cancillería se compromete a realizar las consultas pertinentes y en base a ello, transmitirá a los peticionarios la posición del Estado en el marco de la próxima reunión de trabajo.
14. Las partes convienen en celebrar una nueva reunión de trabajo, tentativamente, el 3 de mayo de 2005, a las 9:30 horas.
15. Asimismo, las partes convienen en informar de lo actuado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Cancillería".