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Agenda Social: Creando Oportunidades en la Región

Sábado 19 de Mayo de 2001
Información para la Prensa N°: 
/

Participación
del Sr.Canciller Adalberto Rodríguez Giavarini
en
la Cumbre Económica Mercosur 2001

Foro Económico Mundial

Buenos Aires, 20 – 22 de mayo de 2001

Quiero
agradecer la oportunidad de estar una vez más en este encuentro,
en especial formando parte de este distinguido panel, para exponer
sobre lo que considero uno de los grandes desafíos que actualmente
enfrentan nuestros países, como es la Agenda Social.

Si
bien en la última década Latinoamérica mostró
un crecimiento económico  significativo y una mejora relativa
en algunos indicadores sociales, no se lograron despejar ciertos riesgos
inherentes a la región y no se pudo consolidar un alto crecimiento
económico, que además llegara a todas las capas sociales.
El crecimiento económico no fue suficiente como para permitir
incorporar al mercado de trabajo a la totalidad de las personas excluidas
del proceso de reformas ni la distribución de sus beneficios
ha derivado en una reducción significtiva de los indicadores
de desigualdad.

Al
respecto, permítanme comentarles que si los países de
América Latina y el Caribe hubieran crecido desde 1986 a 1997
a la misma tasa que lo hicieron las principales economías asiáticas,
el nivel actual de la población por debajo de la línea
de pobreza sería inferior al 20%, en lugar del 40% que ostentamos.

La
evolución del índice de desarrollo humano para el período
1990-1998 ha sido favorable en los países del Mercosur, con
una mejora promedio de 5,6%. Esta evolución, sin dejar de constituir
un primer dato favorable, es inferior a la que mostraron los países
asiáticos en el mismo período. En parte, esto se explica
por la mayor tasa de crecimiento que registraron estos países
en los noventa y por la mejora que obtuvieron en la distribución
del ingreso.

Una
de las principales fallas de los países de América Latina
en este período ha sido que las reformas de primera generación
no contribuyeron a mejorar la distribución del ingreso. De
todas maneras, cabe resaltar que sin las reformas de primera generación
realizadas por la mayoría de los países de la región,
el potencial de crecimiento de América Latina hoy sería
2% inferior.

Es
cierto que no podemos esperar que el mero crecimiento de la economía
solucione los problemas sociales de nuestra región, pero también
es muy cierto que sin Estados sólidos y eficientes es difícil
dar respuestas a las demandas sociales. La región necesita
aumentar la competitividad y consolidar los procesos de integración
comercial para lograr un aumento de la producción que contribuya
a reducir la pobreza y fortalecer las instituciones democráticas.

Enfrentamos
el doble desafío de generar un conjunto de reformas que contribuyan
a recuperar el crecimiento económico y mejorar la equidad social
con el saneamiento de las cuentas públicas. Lejos de ser divergentes,
nuestro objetivo consiste en que transitemos simultáneamente
ambos caminos: el crecimiento económico es condición
necesaria para dar solución definitiva al problema de la pobreza.
Sólo con la construcción de una sociedad equitativa
y justa estaremos sentando las bases para que nuestras economías
crezcan en forma viable, dinámica y sostenida. Queda claro
que crecimiento y desarrollo económico son en realidad, elementos
de una misma estrategia: la política económica no puede
olvidarse de los objetivos sociales, lo mismo que el desarrollo social
no puede descansar sólo en el asistencialismo estatal.

A
la pregunta ¿porqué no crecemos? la respuesta debe incluir
por lo menos los siguientes aspectos: escasez de capital, vulnerabilidad
a los movimientos de capitales y el proteccionismo que practican algunos
países.

Para
crecer es indispensable aumentar las escalas de producción
y los mercados para colocar nuestros productos. Lo primero requiere
capital y tecnología y lo segundo reglas justas de acceso a
mercados para nuestra producción. En ambos frentes tenemos
dificultades que repercuten en la agenda social.

Los
países emergentes, que no generamos un stock de capital de
envergadura, dependemos del flujo de capital extranjero y su volatilidad
genera consecuencias negativas sobre nuestras economías. Para
ello se necesita desarrollar una Arquitectura Financiera Internacional
que apunte a reducir la volatilidad de los capitales internacional. 

En
relación al proteccionismo, particularmente el agrícola,
castiga a los productores de los países eficientes y provoca
cambios en la estructura socio- demográfica de los mismos.
La caída de la rentabilidad del sector agrícola provoca
la “desruralización”, lo que incrementa la migración
hacia los grandes conglomerados urbanos generando condiciones de vida
inadecuadas y profundizando los problemas sociales. 

En
este contexto, el Mercosur tiene un papel importante que cumplir.
Sin lugar a dudas ha sido uno de los instrumentos que nos ha permitido
crecer a través de nuestro comercio en la década del
noventa, no solo por el incremento del comercio intrazona, sino por
los logros alcanzados en las negociaciones internacionales en defensa
de nuestra producción, abriendo nuevos mercados mediante acuerdos
con terceros países y unificando posiciones en el marco de
las negociaciones multilaterales. Mercosur ha sido un instrumento
negociador en el escenario internacional de trascendental importancia
para los países miembros, justo en momentos en que en el mundo
se aceleró la formación de bloques comerciales. 

Los
niveles de pobreza y desigualdad de la región constituyen una
traba severa para el desarrollo de la región, son nocivos para
la democracia y son éticamente intolerables. La sinergia entre
crecimiento y distribución más equitativa y lucha contra
la pobreza resultan indispensable para mejorar las oportunidades de
los habitantes de la región.

El
Mercosur como instrumento de negociación e inserción
internacional puede contribuir a resolver los aspectos sociales mediante
los resultados que logre en las negociaciones multilaterales, las
negociaciones con otros bloques comerciales y la integración
hemisférica. En estas negociaciones se promueve la liberalización
de los flujos de comercio y se eliminan los tratos discriminatorios
hacia nuestra producción, lo cual apuntamos se convierta en
mayores niveles de producción y empleo para nuestras economías.

Esta
es la razón por la cual los países miembros hemos acordado
negociar con una posición común en el ALCA y ante la
Unión Europea. Esto nos fortalece y nos posiciona en un escalón
superior para las negociaciones. En el marco de las negociaciones
de la OMC, en nuestra lucha contra el proteccionismo agrícola
que practican los países desarrollados, la posición
común se manifiesta en el grupo Cairns.

Además,
tal como lo han reconocido los presidentes de los países miembros
y los de sus miembros asociados en varias declaraciones conjuntas,
el Mercosur es importante como instrumento esencial para la promoción
del desarrollo económico y social de los pueblos de la región,
ya que el proceso de integración ha permitido enfrentar adecuadamente
los crecientes desafíos del sistema internacional en un contexto
de regionalismo abierto, y estrechar, de forma continua, los vínculos
entre los pueblos de la región. 

El
Mercosur ha contemplado desde su comienzo la necesidad de dotar al
proceso de integración de instancias articuladoras de todo
el espectro social, de manera de que dicho proceso avance con el consenso
social requerido para efectuar las refromas políticas indispensables
para el logro de una integración real.

Con
este objetivo, el Protocolo de Ouro Preto, instrumento que estableció
la estructura institucional del Mercosur, creó un Foro Consultivo
Económico y Social,  órgano de representación
de los sectores económicos y sociales que tiene funsión
consultiva y en el cual participan las agrupaciones empresarias, laborales
y de defensa del consumidor de los Estados Partes.

Un
paso adicional fue la Declaración Sociolaboral del Mercosur,
firmada por los Presidentes de los Estados Partes del Mercosur en
diciembre de 1998. Los problemas laborales producto de las reconversiones
industriales que provocaron la apertura unilateral y regional reclamaban
un enfoque cuatripartito y un compromiso común para adoptar
una serie de principios y derechos del trabajo, entre los que se destacan
el principio de no discriminación y la promoción de
la igualdad. Asimismo, se adoptaron normas sobre trabajadores migrantes
y fronterizos, trabajo forzoso, trabajo infantil, salud y seguridad
en el trabajo. Finalmente se plasmaron en la norma los derechos colectivos
de los trabajadores. Para fomentar y acompañar la aplicación
de la Declaración Sociolaboral del Mercosur se creó
la Comisión Sociolaboral, un órgano dotado de instancias
nacionales y regionales que se manifiesta por consenso.

Durante
el primer semestre de 2000, momento en el que ejercía la Presidencia
Pro Tempore del MERCOSUR, el Gobierno argentino, fundado en la convicción
de que debe abordarse la “dimensión social” del MERCOSUR sin
más demoras, impulsó en el ámbito del Foro de
Consulta y Concertación Política del MERCOSUR una propuesta
de Compromiso Social.

Dicha
propuesta estuvo dirigida a consolidar la “dimensión social”
de la región mediante el intercambio de información,
de técnicas y de experiencias de los países del Mercosur,
Chile y Bolivia en el área social, con el objetivo de coordinar
posiciones y, en los campos en que ello fuera posible, concertar políticas
orientadas a erradicar la pobreza y los problemas que se asocian con
ella mediante la atención prioritaria a los sectores más
desprotegidos de la población en materia de alimentación,
salud, empleo, vivienda y educación.  

Ese
compromiso se formalizó en Buenos Aires el 30 de junio de 2000
a través de la Carta sobre Compromiso Social que firmaron los
seis Presidentes de los países que integran el MERCOSUR ampliado. 
Este documento, junto con los los compromisos democráticos
y de paz contenidos en el Protocolo de Ushuaia y en la Declaración
Política del Mercosur, Bolivia y Chile como Zona de Paz, se
integra como uno de los documentos fundacionales del MERCOSUR.

En
su declaración política, los Presidentes de los seis
países destacaron su firme convicción de que el desarrollo
económico debe ser acompañado ineludiblemente por una
superación de los problemas sociales y coincidieron en que
el necesario afianzamiento de la dimensión social del MERCOSUR
debe realizarse en forma conjunta con los avances en la consulta y
concertación política y en la integración económica.

Los
compromisos asumidos en virtud de esta Carta corroboran y llevan a
la práctica los principios sociales y  de derechos humanos
ya adoptados por nuestros países en numerosos instrumentos
jurídicos internacionales e interamericanos, cuya enumeración
-no exhaustiva- ha sido incluída en el preámbulo de
la Carta de Compromiso Social. 

En
su preámbulo se han reafirmado también los principios
y derechos del trabajo asumidos por los Presidentes de los cuatro
Estados Partes en la "Declaración Sociolaboral del Mercosur",
surgida de la iniciativa de reuniones de Ministros de Trabajo y que
se contiene esencialmente disposiciones dirigidas a mejorar las condiciones
de empleo en la región.

Los
lineamientos de la Carta de Compromiso Social, fundamentalmente orientados
al desarrollo social, parten de la base de que el Estado es primariamente
responsable por la ejecución de la política social y
el bienestar de su pueblo, sin perjuicio de las acciones conjuntas
que puedan coordinarse con los actores solidarios de la sociedad civil.

La
Carta Social de Buenos Aires propone también que a través
del Foro político del MERCOSUR se impulse la creación
de una reunión de las máximas autoridades competentes
en la materia.  

Ello
se concretó a través de un primer encuentro de Ministros
y autoridades de Desarrollo Social que tuvo lugar en Gramado, Brasil,
en septiembre de 2000.  En esa oportunidad, los Ministros y autoridades
participantes suscribieron el “Compromiso de Gramado” en el que enumeraron
acciones concretas para el “fortalecimiento de las políticas
que lleven a la inclusión y al desarrollo social” tales como
la sistematización de la información disponible en los
seis países a fin de elaborar el diagnóstico social
de la región, establecer mecanismos de coordinación
de las políticas sociales, procurar recursos alternativos adicionales
de financiamiento de fuentes multilaterales, considerar la política
social como inversión a largo plazo, acordando gestionar un
tratamiento especial del financiamiento internacional para estos fines
y estimular acciones conjuntas bi y multilaterales en las áreas
de indigencia y trabajo infantil y juventud, definidas como prioritarias.  

La
institucionalización de la Reunión semestral de Ministros
del área social  y la constitución de un Grupo
de Trabajo Permanente de apoyo técnico a la Reunión
de Ministros resultan un hito importante, que fue aprobado por los
Presidentes en la Cumbre del MERCOSUR, Bolivia y Chile que se reunió
en Florianópolis en diciembre de 2000.

Precisamente,
en su primera Reunión, celebrada en Asunción en marzo
pasado, los Ministros y Autoridades de Desarrollo Social analizaron
especialmente los temas de la pobreza y el trabajo infantil y coincidieron
en la urgencia de su tratamiento a través de acciones nacionales
y regionales mediante programas y proyectos de gran alcance en el
corto, mediano y largo plazo.  Dichos programas deberían
focalizarse sobre la población en situación de pobreza
extrema o indigencia, con objetivos transversales de empleo, servicios
sociales básicos, capacitación de recursos humanos y
el fortalecimiento de la organización y participación
ciudadana.     

La
labor a la que se comprometieron los Ministros y autoridades sociales
en Asunción, teniendo en cuenta las características
de la problemática social en la región, incluye en esta
primera etapa los siguientes objetivos:

-
La identificación de las brechas territoriales de pobreza,
tanto a nivel nacional como regional; 

-
La apertura de nuevos espacios que amplíen la participación
de la sociedad civil en el ámbito del diseño, ejecución,
financiamiento, evaluación y control de programas de desarrollo
social; y

-
La propuesta al Consejo del Mercado Común de estrategias de
alcance regional a corto plazo, reconociendo la responsabilidad de
cada Estado en la erradicación de la pobreza y el trabajo infantil. 

Por
último, quisiera resaltar que desde sus inicios el Mercosur
ha trabajado en la importancia de la conservación del medio
ambiente para la salud y las condiciones de vida de la gente. En la
próxima Cumbre de Asunción se firmará un Acuerdo
Marco sobre Medio Ambiente, que reafirma los principios acordados
en la Cumbre de Río de 1992.

Como
Ustedes ven, el Mercosur ha cumplido un papel importante en el tratamiento
de la problemática social en la región, que excede a
las cuestiones vinculadas al comercio. Nuestro desafío es lograr
un crecimiento sostenido en nuestras economías y velar para
que sus frutos se distribuyan equitativamente. 

Para
ello, la agenda social para la región debe incorporar los siguientes
aspectos prioritarios: mejoras en la competitividad de nuestros sectores
productivos, reformas de segunda generación y la participación
privada en el proceso de integración. 

El
nuevo carácter global de las relaciones económicas mundiales,
nos impone como necesidad incrementar el nivel de competitividad de
nuestras economías. El logro de este objetivo requiere de un
conjunto de acciones que, además de mejorar nuestra performance
comercial, contribuyan al logro simultáneo de otros objetivos. 

Existen
múltiples ámbitos sobre los que podemos avanzar. Los
programas regionales de difusión tecnológica, la capacitación
gerencial y técnica del sector PYMEs y el perfeccionamiento
de nuestra política de comercio exterior  constituyen
un conjunto de oportunidades de acción. 

Para
finalizar, quiero resaltar la importancia de la participación
de la sociedad civil en los procesos de integración para ir
corrigiendo aquellos aspectos que puedan ir generando problemas en
la dinámica de proceso. Hoy en día el éxito del
Mercosur requiere además de la voluntad política de
sus dirigentes, una activa participación de sus diferentes
actores sociales.

Los
actores públicos, los miembros de organizaciones no gubernamentales
y los empresarios observan la realidad utilizando diferentes prismas:
mientras los actores públicos ponemos el énfasis en
los intereses nacionales y los de las organizaciones no gubernamentales
en cada uno de los sectores en los que interactuan, la lógica
de los privados tiende a tener una visión más corporativa
y de carácter supranacional. Por eso y para lograr una integración
profunda como la que estamos buscando, necesitamos de la activa participación
de la sociedad civil porque sólo ella nos permitirá
avanzar en forma sólida hacia la formación de una cultura
común.

La
participación de la sociedad civil reviste especial interés
porque los acuerdos de integración no serán exitosos
ni contribuirán al desarrollo de la región, si no disponen
de un apoyo social suficiente y si no transcienden los aspectos puramente
económico comerciales incorporando en sus contenidos los distintos
ámbitos de la vida de nuestras sociedades. Sólo así
la integración regional será una iniciativa que contribuya
a sostener un desarrollo sostenible y equitativo para todos quienes
participamos de ella.

Señoras
y señores: Los países del Mercosur necesitan generar
las condiciones necesarias para que sus economías crezcan a
tasas elevadas por un tiempo prolongado y diseñar los mecanismos
necesarios para que el mayor crecimiento se transforme en mejores
condiciones de vida para nuestros ciudadanos. El Mercosur es el ámbito
adecuado en el cual los países debemos realizar el esfuerzo
conjunto para que ello sea posible.

Muchas
gracias.  

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