ANTE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIONES RELATIVAS A UNA CAUSA JUDICIAL QUE TIENE LUGAR EN MIAMI Y QUE SON DE CONOCIMIENTO PÚBLICO, EL GOBIERNO ARGENTINO, A TRAVÉS DE SU CANCILLERÍA, SEÑALA:
1. QUE EN CUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN JUDICIAL, EL GOBIERNO ARGENTINO SOLICITÓ A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS LA EXTRADICIÓN DE GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON. ESTE PEDIDO FUE REALIZADO EL 31 DE AGOSTO DE 2007 Y REITERADO EL 28 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO. POR SU PARTE, LA EMBAJADA ARGENTINA EN ESTADOS UNIDOS REQUIRIÓ INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DEL TRÁMITE EL 28 DE FEBRERO DE 2008 Y EL 14 DE ABRIL DE 2008. A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO MÁS DE UN AÑO DESDE LA SOLICITUD, NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA ALGUNA A LA SOLICITUD DE EXTRADICION.
2. ES ALTAMENTE LLAMATIVO ESTE SILENCIO, ATENTO A QUE LA JUSTICIA ARGENTINA ES EL ÓRGANO NATURALMENTE COMPETENTE PARA JUZGAR A LAS PERSONAS IMPUTADAS DE LA COMISIÓN DE ILÍCITOS EN NUESTRO PAÍS. MÁXIME CUANDO FUERON DESCUBIERTOS POR LAS PROPIAS AUTORIDADES ARGENTINAS Y SE TRATA DE QUIENES HAN RECONOCIDO SU RESPONSABILIDAD EN ESOS HECHOS.
3. LAS ASEVERACIONES IRRESPONSABLES EFECTUADAS POR LA FISCALÍA EN BASE A MATERIAL ARMADO Y PRODUCIDO POR EL FBI -ES DECIR CON CONOCIMIENTO DE AUTORIDADES POLÍTICAS DE ESTADOS UNIDOS- CUANDO AL MISMO TIEMPO SE NIEGA A NUESTRO PAÍS LA POSIBILIDAD DE JUZGAR A LOS RESPONSABLES Y ESCLARECER LOS HECHOS OCURRIDOS EN NUESTRO TERRITORIO, AFECTAN DE MANERA INACEPTABLE LA POTESTAD JURISDICCIONAL DE NUESTRO PAÍS, E IMPLICAN EL USO INDEBIDO DE UNA CAUSA JUDICIAL CON FINES POLITÍCOS SUBALTERNOS.
4. LAS RELACIONES MADURAS QUE DEBEN EXISTIR ENTRE ESTADOS NO PUEDEN VERSE SINO AFECTADAS A INSTANCIAS DE OPERACIONES CON FINALIDADES POLITICAS DE ESTE TIPO. SE MANIPULAN DICHOS DE LA PERSONA QUE ANTE TODAS LAS AUTORIDADES ARGENTINAS RECLAMO LA PROPIEDAD DE LA VALIJA DE DINERO, Y ANTE AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES AHORA LO NIEGA Y QUE EN OTRAS INFORMACIONES APARECE COMO TAMBIÉN SOSPECHADO DE COMETER OTROS ILÍCITOS EN TERCEROS PAÍSES. CLARAMENTE SE INTENTA HACER APARECER COMO CULPABLES A LAS AUTORIDADES QUE EVITARON EL INGRESO ILEGAL DE DIVISAS A LA REPÚBLICA ARGENTINA E INOCENTES A QUIENES VIOLARON LAS LEYES.