En artículos publicados por las ediciones digitales de Clarín y La Nación en el día de la fecha, relativo al informe del Tribunal de Cuentas del Uruguay (TCU) sobre la auditoría de la prórroga del contrato para el mantenimiento del canal Martín García del Río de la Plata, realizada por la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), se incurre en importantes imprecisiones e inexactitudes que desvirtúan los hechos y procesos invocados.
Cabe señalar que fue la Cancillería argentina la que propuso como condición para continuar con los trabajos de profundización y mantenimiento del canal Martín García que ambos países auditen en forma inmediata la prórroga del contrato de dragado, atento a las denuncias de prensa publicadas por medios uruguayos.
Según las versiones de Clarín y La Nación, del informe del TCU se desprenden dos temas importantes. El primero, referido a las supuestas demoras provocadas por la Argentina, las cuales habrían favorecido a la empresa concesionaria (Riovía S.A.). El segundo, respecto a la dudas en cuanto a la regularidad de los procedimientos para extender el contrato de dicha empresa.
La primera cuestión falsea el hecho de que la CARP, siguiendo las instrucciones impartidas por ambos gobiernos a sus respectivas delegaciones, inició un proceso de negociación con Riovía para prorrogar el contrato. Mientras que la empresa llegó a valorizar el precio del trabajo en 18 millones de dólares, finalmente concluyó en el acuerdo de prórroga suscripto el 7 de febrero de 2012, por el que se estableció el precio de 15.150.000 dólares anuales. La supuesta demora, de la cual es sospechada la Argentina, resultó en un ahorro de 2.850.000 dólares. ¿Será esta reducción de precios la que motiva las notas quejándose de la demora?
En este sentido, es esclarecedor resaltar que el informe de la auditoría uruguaya concluye que dicho precio "demuestra una razonable equivalencia con los acordados en la región por los oferentes que participaron en llamados públicos internacionales por el Uruguay" y, a su vez, la auditoría argentina demuestra que el valor que hubiese mantenido la ecuación económico-financiera de la concesión, ascendería a un valor de 16.900.000 dólares anuales.
Asimismo, es falsa la afirmación respecto a que las supuestas demoras responderían a que la Argentina pretendería retrasar el dragado del canal Martín García para favorecer al canal argentino Emilio Mitre, puesto que contrasta con el hecho irrefutable de que el canal binacional Martín García es utilizado mayoritariamente -en más del 80%- por buques que tienen como destino a puertos argentinos. La Argentina será el país más beneficiado por dicha profundización a pesar de las infundadas creencias de ciertos políticos uruguayos de que la Argentina obtendría amplias ventajas con un canal de menor dragado.
En cuanto al segundo tema mencionado por Clarín y La Nación, sólo resta recordar que el Gobierno uruguayo, a través del Canciller Luis Almagro y el mismo Embajador Francisco Bustillo, en ocasión de su comparecencia a informar al Senado de Uruguay, el 13 de junio pasado, desmintió las versiones sobre los supuestos hechos de corrupción.
Por último, es preciso destacar que el concurso de precios para prorrogar la concesión hasta tanto concluya la licitación para profundizar el canal a 34 pies de profundidad, que según la referida nota de prensa no se realizó por causa de la "actitud argentina", se encuentra en pleno desarrollo, previéndose la apertura de las ofertas correspondientes el próximo lunes 30 de julio.
Llama la atención que los auditores uruguayos, según dicen los medios de prensa, hablen de sus dudas respecto del procedimiento cuando despejarlas fue la razón de la convocatoria a que realicen su investigación. Con respecto a dichas dudas, la posición argentina es que las develen lo antes posible a menos que todo sea parte del interés de evitar el diálogo fraterno que la Argentina desea construir con la República y el pueblo uruguayo.
Información para la prensa Nº 240/12
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