El 7 de febrero del corriente año el Gobierno español inició el proceso de regularización migratoria en su territorio, que terminó el pasado 7 de mayo.
Conociendo la importancia que el beneficio regulatorio brindado por el Gobierno español significaba para la colonia argentina en España, la Cancillería Argentina planificó a principios del año en curso, un gran operativo en los Consulados argentinos acreditados ante ese país. Ese esfuerzo, llevado a cabo en forma conjunta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tuvo como objetivo arbitrar todos los medios necesarios para que aquellos connacionales interesados en regularizar su situación migratoria en España que cumplieran con los requisitos establecidos por el Gobierno español, pudieran obtener la documentación en tiempo y forma para su presentación.
A tal fin, los argentinos en España pudieron tramitar documentación no solamente en sede consular en las ciudades de Madrid, Barcelona, Vigo y Cadiz, sino que también se dispuso el desplazamiento de funcionarios consulares y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a distintas ciudades del territorio español, de manera de acercar los servicios a la colectividad argentina residente lejos de los Consulados, ahorrándole tiempo y costo a los solicitantes.
Según datos existentes, en su mayoría el conjunto de compatriotas inmigrantes en España estaría en situación migratoria legal –porque ya tenían su tarjeta de residencia, por tener ciudadanía de un país de la Unión Europea, por haber obtenido la nacionalidad española o por haberse acogido al trámite de regularización que acaba de finalizar– quedando efectivamente un grupo que no fue alcanzado por los beneficios de la regularización por no poder completar los requisitos exigidos.
Este esfuerzo conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuidado y planificado al detalle, significó, en concreto, la tramitación de más de 22.000 Certificados de Antecedentes Penales durante los 90 días que duró la regularización así como el diligenciamiento e intervención de toda la documentación consular necesaria cumpliéndose con el objetivo final de que ni un solo ciudadano argentino quedara sin regularizar por causa atribuible al Estado argentino.