La decisión de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR fue adoptada, el 5 de agosto, como consecuencia de la constatación de una grave ruptura del orden democrático en ese país. Desde entonces, aumentaron la represión, las detenciones arbitrarias y el cercenamiento de las libertades individuales. Las medidas anunciadas por el gobierno y por la Asamblea Nacional Constituyente los últimos días reducen aún más el espacio para el debate político y para la negociación.
Los países del MERCOSUR continuarán insistiendo, individual y colectivamente, para que Venezuela cumpla con los compromisos que asumió, de manera libre y soberana, con la democracia como única forma de gobierno aceptable en la región. El gobierno venezolano no puede aspirar a una convivencia normal con sus vecinos en la región hasta que no se restablezca la democracia en el país.
Al mismo tiempo, los países del MERCOSUR consideran que los únicos instrumentos aceptables para la promoción de la democracia son el diálogo y la diplomacia. El repudio a la violencia y a cualquier opción que implique el uso de la fuerza es insoslayable y constituye la base fundamental de la convivencia democrática, tanto en el plano interno como en las relaciones internacionales.
