Los Estados Miembros de esta Organización comparten el sistema democrático y representativo de gobierno como condición esencial para el desarrollo político, social y económico de los pueblos de las Américas.
La vigencia de la democracia en nuestra región ha posibilitado, así, un terreno fértil para avanzar en nuestros objetivos. Basta constatar algunos de los logros que hemos alcanzado: la preservación de la paz, la solución pacífica de muchos diferendos fronterizos, la construcción de la confianza, la puesta en marcha de procesos de integración regional, la participación permanente y responsable de la ciudadanía en el marco del estado de derecho, y el fortalecimiento de la vigencia de los derechos humanos, por nombrar algunos.
Debemos responder, por ello, al mismo tiempo, con renovado vigor a los grandes desafíos por los que atraviesa nuestra región, tales como las crisis políticas recurrentes, los elevados niveles de pobreza y la desigualdad social.
La demanda de la hora pasa por tener más y mejor democracia, que asegure a los habitantes de nuestra región el goce de libertad, paz y prosperidad. Para poder estar a la altura de estas legítimas expectativas y poder asegurar los beneficios de la democracia, debemos tener presente su relación con el desarrollo económico y social y los derechos humanos. Bien señala la carta democrática interamericana la interdependencia entre democracia y desarrollo económico y social, al tiempo que recuerda que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos.
La transparencia, la probidad, la responsabilidad y la buena gestión en los asuntos públicos son indispensables para la gobernabilidad democrática. Sobre la base de ese reconocimiento, la Argentina ha propuesto, acompañada por otras delegaciones, un proyecto de resolución que declara al año 2006 como "Año Interamericano de Lucha contra la Corrupción.
La acción que desarrollemos a lo largo del Año Interamericano deberá permitirnos profundizar nuestra atención y fortalecer nuestra cooperación en la lucha contra ese flagelo, apoyados en la convención interamericana contra la corrupción.
No basta, pues, con la celebración de elecciones periódicas, libres y justas basadas en el sufragio universal, para asegurar la gobernabilidad democrática. Ello sólo es posible atacando las causas profundas de las debilidades que persisten en nuestras democracias, a través del fortalecimiento de la calidad institucional, el desarrollo económico con equidad, el fortalecimiento de los derechos humanos, la promoción de los valores democráticos, y de una decidida participación de la sociedad civil.
El gobierno del presidente Kirchner tiene presentes estas demandas para una transformación de la realidad de manera positiva. Cambio responsable, calidad institucional, apego a la constitución y a la ley, fuerte lucha contra la impunidad y la corrupción; políticas activas para combatir el desempleo, la pobreza y la exclusión; y justicia, verdad y memoria en materia de derechos humanos, son presupuestos constitutivos de nuestro compromiso con el pueblo argentino.
A nivel institucional, destacamos la necesidad de fortalecer la representación política y la participación ciudadana, con énfasis en la modernización del Estado, la reforma de los partidos políticos, la transparencia y la credibilidad de las instituciones democráticas para que realmente cumplan con los propósitos para los que fueron establecidas, la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como la promoción de mecanismos técnicos institucionales para una mejor calidad de la gobernabilidad.
La contribución de la sociedad civil a la búsqueda de mejores niveles de gestión pública y privada es también central para dichos objetivos, fortaleciendo en definitiva la democracia.
En el nivel económico-social, consideramos esencial erradicar la pobreza y la exclusión social. Estamos convencidos que no habrá democracia sustentable sin justicia social efectiva.
Para ello, el estado tiene una responsabilidad social que cumplir a través de la implementación de políticas activas que, al tiempo que propicien un buen clima de negocios, la igualdad de oportunidades y la inversión productiva, aseguren el pleno empleo y una distribución más justa del ingreso a través de un incremento en la producción, con previsión y equilibrio en las relaciones laborales.
Cada país tiene una responsabilidad central respecto de su propio desarrollo institucional y económico-social. Pero es necesario una vez más resaltar la importancia de un sistema económico internacional democrático y transparente, teniendo presente que las economías internas están ahora inexorablemente entrelazadas con el sistema económico global. El uso eficaz de oportunidades de comercio e inversión puede ayudar a los países a luchar efectivamente contra la pobreza, y los esfuerzos de desarrollo nacional necesitan ser apoyados por un entorno económico internacional favorable. Debemos trabajar en pos de un orden mundial que pueda garantizar una estrategia de desarrollo sustentable con inclusión social.
Existe preocupación en nuestra región ante la disminución de los recursos con que cuenta el Estado para satisfacer las demandas de la sociedad. La estabilidad de nuestras democracias requiere soluciones frente a las graves dificultades que representan el peso de la deuda externa, el cierre de los mercados de países desarrollados a las exportaciones, en particular las agrícolas, y el acceso no suficiente en la obtención de la cooperación en las áreas de ciencia y tecnología.
Consideramos que la inversión en infraestructura y en prestación de los servicios indispensables es condición necesaria para permitir que todos los sectores de la sociedad puedan participar de los beneficios de la democracia.
Asimismo, sostenemos que en la medida en que mejoremos las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores, garantizando el derecho a un empleo decente, estaremos permitiendo que los beneficios de la democracia puedan constituir una realidad para nuestras sociedades.
En materia de derechos humanos, sostenemos que no hay democracia, seguridad ni instituciones, sin estado de derecho y sin respeto irrestricto a los derechos esenciales de toda persona. En ese sentido, la Argentina realiza todos los esfuerzos posibles por guardar memoria de lo ocurrido en el pasado en nuestra patria, por rescatar la verdad, buscar la justicia y el fin de la impunidad.
Es tema de especial atención y debate en la actualidad la calidad institucional como condición fundamental para garantizar la gobernabilidad democrática. No obstante, asegurar esa gobernabilidad también implica considerar situaciones de exclusión social de millones de habitantes de nuestro hemisferio, cuya persistencia puede generar en la sociedad sentimientos de desencanto respecto de los beneficios de la democracia.
La promoción y la defensa de los derechos humanos están estrechamente vinculadas con esta responsabilidad que tenemos todos, estado y sociedad, de revertir situaciones de pobreza y fortalecer la cohesión social.
Por ello, resulta fundamental que se refuerce la acción del sistema interamericano para un mejor ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. En tal sentido, la Argentina ha presentado una iniciativa para que esta asamblea general defina lineamientos para la presentación de informes de cumplimiento del protocolo de san salvador.
Por otra parte, es dable destacar que la Argentina presidió el grupo de trabajo encargado de elaborar un programa interamericano para la promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo los trabajadores migrantes y sus familias, recientemente aprobado por la comisión de asuntos jurídicos y políticos de la organización.
El gobierno argentino reconoce al multilateralismo como el instrumento más eficaz para la consolidación de la paz, la seguridad, la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y la exclusión, las epidemias, el terrorismo internacional, el narcotráfico, la corrupción y otras amenazas transnacionales.
Estamos convencidos que la OEA, como foro institucionalizado interamericano, tiene y debe jugar un papel preponderante en apoyo de los esfuerzos de los estados miembros en asegurar a los habitantes de nuestros países los beneficios de la democracia. Numerosos son los desafíos por vencer, y muchos de ellos, está claro, requieren de la cooperación y la solidaridad interamericana para poder resolverlos.
Con la culminación de los procesos de elección del secretario general y, en ocasión de esta asamblea, del secretario general adjunto, la OEA avanza hacia un nuevo ciclo, una nueva etapa.
En este contexto, queremos resaltar que:
- en materia de consolidación democrática, bajo la presidencia Argentina, los Estados Miembros de la Organización han definido un programa de gobernabilidad democrática de las Américas, que se prevé pueda ser adoptado en esta asamblea general. El mismo busca "dar respuesta a las preocupaciones de todos en el sentido de complementar las acciones normativas en defensa de la democracia con acciones específicas para mejorar su calidad y capacidad de gestión.
La Organización contará, de este modo, con una herramienta útil para asistir a los Estados en la labor permanente de fortalecer la gobernabilidad. Debemos resaltar, sin embargo, que esta tarea es responsabilidad fundamental de cada uno de nuestros países, del gobierno y de la sociedad en su conjunto. En particular, corresponde a los gobernantes articular políticas que respondan a las crecientes demandas de los ciudadanos, quienes reclaman resultados tangibles de nuestras democracias.
- en materia de desarrollo económico y social, ha llegado el momento de otorgar a la creación de trabajo decente un lugar central en la agenda hemisférica. Hoy la falta de trabajo aparece como una preocupación fundamental de nuestras sociedades. Es por ello que, en la IV Cumbre de las Américas, a celebrarse en mi país en noviembre próximo, nuestros jefes de Estado y de Gobierno tratarán como tema principal "crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática", a iniciativa de la Argentina.
- en materia de derechos humanos, deberíamos concentrarnos en el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Promoción y Protección, apoyando la encomiable tarea de sus órganos, y los esfuerzos ya iniciados para que el proceso de reflexión sobre este importante tema rinda los frutos que se esperan del mismo. Es indispensable, a criterio de mi país, que dicha reflexión tome en cuenta los nuevos desafíos que enfrenta el sistema y que son derivados de la exclusión social y de la falta de oportunidades para todos.
Debemos destacar, además, el avance que hemos efectuado los Estados parte del Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mediante las normas para la confección de los informes nacionales de cumplimiento de nuestras obligaciones, efectuado a iniciativa de mi país. Debemos ahora avanzar en algunos aspectos pendientes que restan definir.
Señoras y señores, quisiera por último concluir haciendo un llamado a considerar las sugerencias recién señaladas en tres áreas que requieren de un diálogo profundo y de nuestra cooperación hemisférica -consolidación democrática, derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales, y desarrollo económico y social, teniendo como atención primordial la creación de trabajo-, que nos permita aunar esfuerzos y coordinar acciones concretas para promover de forma efectiva la paz, la libertad, la prosperidad y -en definitiva- el bien común, como objetivos permanentes de nuestra comunidad interamericana.