La Cámara de Diputados aprobó el 25 de septiembre y convirtió en Ley Nacional al proyecto de adhesión del país al Acuerdo de Escazú, el cual tiene como finalidad garantizar el acceso a la información pública, el acceso a la Justicia y la participación comunitaria en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
La Argentina se convirtió así en el décimo país en adherir al tratado, que entrará en vigor una vez que reúna el acompañamiento por ley de 11 naciones de las 22 que suscribieron al acuerdo en marzo de 2018 en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El Acuerdo de Escazú fija estándares modernos que facilitan el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en materia ambiental, lo que resulta fundamental para la profundización del sistema democrático. Además de la cuestión ambiental, el instrumento comprende una agenda de temas transversales que incluyen: la perspectiva de género, el gobierno abierto, el mejor funcionamiento democrático, el desarrollo sostenible y cuestiones vinculadas a los sectores más vulnerables.
Argentina cuenta con legislación de avanzada en la materia, cuyos estándares de participación pública y transparencia se encuentran en línea con los del Acuerdo. En ese contexto, nuestro país participó activamente durante el proceso de negociación, reiterando su compromiso con los derechos ambientales.
