El Gobierno argentino expresa su preocupación por la decisión de la Dirección de Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela de inhabilitar para el ejercicio de funciones públicas por un período de 15 años al Gobernador Henrique Capriles Radonski, lo que de concretarse tendrá un impacto negativo en el derecho del pueblo venezolano a elegir libremente sus candidatos a ocupar cargos electivos.
En consonancia con la Declaración de los Estados Partes del MERCOSUR sobre la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril de 2017 y la Resolución 1078 (2018/17) del Consejo Permanente de la OEA, el Gobierno argentino urge al Gobierno venezolano a que se respeten y garanticen los derechos y libertades políticas que permitan la plena vigencia de la democracia representativa en el marco del estado de derecho y que en ese contexto se deje sin efecto la proscripción política del Sr. Capriles Radonski.